MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha dado 'luz verde' este viernes al anteproyecto de Ley de Marcas, lo que supone un "importante avance" en la lucha contra la piratería porque se podrá prohibir el uso de una marca e impedir la introducción de mercancías, sin necesidad de demostrar que van a ser comercializadas.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Marcas 17/2001 y la adapta a la directiva europea 2015/2436, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas.
La norma introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales y da mayor homogeneidad a los sistemas de marcas de los Estados Miembros. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.
La nueva regulación supone un avance "importante" en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.
Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio, siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.
Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse.
Por otro lado, desaparece el concepto de marca notoria y se prevé solo la categoría de marca o nombre comercial renombrados, aquella que sea conocida por el público en general, lo que le otorgará una protección especial.
En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.
La nueva normativa ofrecerá a los usuarios procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad de las marcas registradas, dejando la vía judicial para controversias de mayor calado económico.
BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha resaltado que dicho anteproyecto es "de gran interés" para las empresas españolas que "se verán beneficiadas con procedimientos de concesiones más ágiles y de mayor simplicidad", al tiempo que supone un avance "importante" en la lucha contra la piratería.
Celaá ha destacado el "gran impacto" y la dimensión macroeconómica de las marcas, que aportan el 41% del empleo, el 45% de las exportaciones, el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 55% de la inversión en I+D+I.
La ministra ha indicado que el Gobierno tiene una "cierta urgencia" para que el anteproyecto acabe convertido en Ley, ya que el plazo de transposición de la directiva comunitaria concluye el próximo 14 de enero de 2019.
