MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno envió una carta a las entidades colocadoras de las acciones de la oferta pública de venta (OPV) de la multinacional energética Endesa recordándoles las "normas de conducta" vigentes, después de que un juez ordenara retirar la publicidad de la operación por encontrar irregularidades.
Así lo señala el Gobierno en respuesta a una pregunta del portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, quien exigió información al Gobierno sobre las acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para "asegurar la protección de los inversores minoristas" de Endesa y garantizar la "congruencia entre la información" del folleto de la OPV y "la que ha podido llegar a los potenciales inversores".
Y es que el pasado otoño Endesa decidió realizar una oferta pública de venta de un 22% de las acciones propiedad de Enel entre un tramo mayorista y otro minorista. Las entidades colocadoras de las acciones "desplegaron una acción intensa en las sucursales" animando a los clientes a "cambiar depósitos por acciones" de la energética, argumentando que "no tienen riesgo" y su rentabilidad por dividendo es "atractiva", según explica Anchuelo.
CORREGIR EL FOLLETO
Sin embargo, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Consumidores de Madrid (Ausbanc Madrid) denunció el folleto informativo ante el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid, que ordenó a Endesa que rectificara la publicidad de la OPV "poniendo de manifiesto una serie de advertencias y factores de riesgo".
"Endesa, alegando la existencia de impedimentos técnicos para modificar los elementos publicitarios ya aprobados, procedió a suspender la campaña publicitaria, manteniendo por lo demás el calendario como estaba inicialmente previsto", continúa el diputado magenta, que teme que esta decisión impidiera a muchos pequeños inversores enterarse correctamente de la información.
De hecho, según los datos que facilita UPyD, hasta el 19% de las acciones fueron colocadas en el tramo minorista, lo que en estas circunstancias supone un riesgo de que se repita un fraude como el de las participaciones preferentes.
"Si la información proporcionada en la campaña publicitaria no era congruente con la recogida en folleto informativo de la emisión, resulta preocupante que haya sido una asociación de consumidores, y no la propia CNMV, quien lo haya advertido y haya tomado medidas al respecto", añade Anchuelo.
RECORDAR LA NORMATIVA
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno se limita a afirmar que remitió una carta a las 20 entidades colocadoras de la OPV para "recordarles la normativa de aplicación en lo relativo a normas de conducta".
En concreto, se puntualizaba la información que debían aportar a los posibles accionistas en materias como la naturaleza y riesgos del instrumento financiero o los incentivos percibidos del emisor. Además, se señalaban otras exigencias que debían cumplir en relación con el análisis de conveniencia o las recomendaciones de compra y asesoramiento en materia de inversión.
Igualmente, se hacía mención de otros factores a tener en cuenta como el público objetivo, el cumplimiento de los procedimientos para la aprobación y lanzamiento de productos y sistemas de remuneración al personal de las redes de distribución, lo establecido para clientes profesionales o el importe de los mandatos y solicitudes.
"Y se recordó que toda esta normativa está sujeta a supervisión de la CNMV y se solicitó información sobre el importe colocado", concluye la respuesta parlamentaria del Ejecutivo.
