MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Congreso niega que el Muface esté en riesgo financiero y asegura que sólo se están detectando algunos problemas puntuales en las prestaciones que reciben algunos pacientes, por lo que ha rechazado la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca de forma extraordinaria en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre este asunto.
Así lo ha explicado el portavoz del PP de Administraciones Públicas en la Cámara Baja, Juan José Matarí, durante la reunión de la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones-- en la que PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), con apoyo del Grupo Mixto, han solicitado la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda para tratar la situación de la mutua de funcionarios.
"Cómo les gusta intentar aprovecharse y utilizar en su beneficio político las situaciones en las que, con carácter excepcional, algún funcionario pueda sentirse desprotegido. La preocupación, angustia o desasosiego que un enfermo pueda sentir por sus prestaciones sanitarias es siempre comprensible, y por descontado que nos preocupa y nos ocupa. Lo que no es comprensible, ni razonable, ni ético es que siempre intenten aprovecharse de estas situaciones", ha reprochado Matarí.
MUFACE "NO ESTÁ EN PELIGRO"
A renglón seguido, el diputado andaluz ha negado que la mutua de los funcionarios haya recortado prestaciones o esté "en peligro", alegando que sólo existen problemas puntuales con el concierto de 2015 en los que el Gobierno ya está trabajando "intensamente". "Pero los mutualistas tienen derecho a recibir la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con todas sus especialidades y sin ningún tipo de copago o aseguramiento complementario", ha remachado.
En este sentido, ha recordado que el convenio fija las condiciones en las que las cuatro aseguradoras deben prestar la atención sanitaria, otorgando un plazo de seis meses para enfermedades graves y de un año para cáncer y patologías psiquiátricas para seguir utilizando los recursos que han dejado de estar concertados.
Finalmente, Matarí ha negado que se esté produciendo un "ahogo financiero" de la mutua, defendiendo que su presupuesto es "equilibrado", con 1.613 millones de euros este año (un 1,58% más que en 2014) y que las aportaciones del Estado se han incrementado en los dos últimos ejercicios, con lo que la ratio de gasto es mejor ahora, con 890 euros por funcionario, que en 2011, cuando se quedaba en 877 euros.
"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"
Sin embargo, la portavoz socialista de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, ha asegurado que la situación de Muface es "insostenible" por culpa de la "nefasta" gestión del Gobierno, que ha provocado una pérdida de cotizaciones a resultas de la congelación de las ofertas públicas de empleo y del aumento de las jubilaciones, mientras "recortaba" también las aportaciones del Estado y obligaba a la mutua a agotar sus fondos de reserva.
"La viabilidad de la entidad está amenazada y se ha reducido dramáticamente la calidad de las prestaciones", ha asegurado la responsable socialista, explicando que las aseguradoras han suprimido centros y médicos de sus carteras, lo que ha reducido la calidad de la asistencia y obligará a miles de funcionarios a cambiar de doctor o pagar un copago para poder mantenerlo.
Joan Coscubiela, de IU-ICV-CHA, coincide con el diagnóstico de que los problemas de "franca insolvencia" del Muface se derivan de la reducción de "significativa" de aportaciones de los últimos años y del agotamiento de la reserva. "Así que los funcionarios ven reducida la cantidad y la calidad de su asistencia, y los hospitales, con todo el desparpajo y la caradura, ofrecen a los ciudadanos mantenerles las prestaciones si las pagan", ha resumido.
Por eso, a juicio del diputado catalán, es "absolutamente urgente" que Montoro explique en el Congreso cómo piensa solucionar el "problema estructural" de falta de ingresos del Muface, imprescindible para mantener la calidad de su servicio, y ha ironizado con que "la condición de muchos diputados del PP de empleados públicos" les lleve a votar a favor de la comparecencia.
La diputada de CC-NC, Ana Oramas, ha defendido también la solicitud de esta comparecencia alegando el número de afectados --un millón y medio de funcionarios son mutualistas--, el "disparate inhumano" que supone obligar a un enfermo a cambiar de médico a mitad de tratamiento, y la necesidad de fraguar un consenso sobre el futuro de Muface ante su actual situación de "inviabilidad".
OPACIDAD Y FALTA DE INFORMACIÓN
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, se ha mostrado a favor de estas solicitudes de comparecencia, necesaria por la "extraordinaria gravedad" de la situación de Muface, por las consecuencias que su crisis puede tener en los funcionarios y porque toda esta situación se está afrontando por la vía de los "hechos consumados" y "con una opacidad total".
"Que una persona con un problema grave de salud se tenga que enterar durante su asistencia de que ha perdido derechos o servicios es de una extraordinaria gravedad, por lo que significa de maltrato y de ignorancia de las obligaciones básicas del Gobierno para con los ciudadanos", ha insistido el diputado magenta, que exige debatir sobre el futuro de esta entidad en lugar de seguir adelante con su "extinción no declarada" mediante el "vaciamiento" de su tesorería y la reducción de su presupuesto.
También Emilio Olabarria, del PNV, cree que hay "motivos más que suficientes" para pedir una comparecencia de Montoro, porque el futuro de Muface "no es claro" ante la "manifiesta insuficiencia" financiera que ha provocado el Gobierno, que a su vez llega a la situación "inhumana y aberrante" de que un ciudadano pueda ver interrumpido su tratamiento por falta de recursos, lo que supone además una "vulneración de un derecho subjetivo consolidado".
