PSOE y CiU evitan en el Congreso la reprobación del Gobierno por el 'fichaje' de Taguas

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   MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE y CiU unieron ayer sus votos en el Pleno del Congreso para rechazar la propuesta de ICV, apoyada por casi todas las demás formaciones parlamentarias, de censurar la luz verde que otorgó el Gobierno al 'fichaje' de David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, por la patronal de las constructoras, Seopan.

   El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, aseguró que el dictamen de Administraciones Públicas dando vía libre al 'fichaje' del ex asesor del presidente Rodríguez Zapatero ha sido una "pésima solución" a este caso y ha puesto de manifiesto que la vigente Ley de Conflictos de Intereses es "papel mojado".

   ICV: DERROTA MORAL DEL PSOE

   Herrera acusó a los socialistas de "mirar hacia otro lado" y "dar carpetazo" a la actitud que mantuvieron cuando estaban en la oposición y criticaban casos similares cometidos por ex altos cargos del PP. "No es la menor manera de empezar la legislatura --proclamó--. Ganarán la votación pero protagonizan una derrota moral".

   La reprobación de la actitud del gobierno fue apoyada por IU y Esquerra Republicana, que comparten grupo con ICV, y por el BNG, Nafarroa Bai y Unión, Progreso y Democracia (UPD), miembros del Grupo Mixto del Congreso. Coalición Canaria se abstuvo.

   También se sumó el PNV, cuyo diputado Emilio Olabarría denunció el "elocuente silencio" del Gobierno sobre el nombramiento de Taguas y aprovechó para arremeter contra casos de nombramientos polémicos llevados a cabo desde filas socialistas, empezando por el del propio presidente de la Cámara, José Bono. Asimismo, tildó de "fraudulento y saitinesco" el dictamen de la Oficina de Conflictos e Intereses al considerar que SEOPAN no es una organización con ánimo de lucro, cuando integra a todas las empresas constructoras.

   Igualmente votó a favor el PP, cuyo portavoz de Administraciones Públicas, Rafael Merino, llamó la atención sobre el hecho de que Taguas se va del Gobierno con 60.000 euros de compensación para ser contratado por 300.000 euros por las 33 constructoras más importantes del país. "No me extraña que (el vicepresidente) Solbes diga que no hay crisis pues está claro que para algunos socialistas hay incluso aceleración económica", ironizó.

   Merino, que hace una semana avisó que la luz verde a taguas pone bajo sospechas las futuras adjudicaciones de obra pública a las constructoras, fue ayer más allá y vinculó este fichaje con las demandas de las eléctricas para subir la factura de la luz. "Alguno empieza a entender subida de la luz del 11,3% cuando las  empresas integrantes de SEOPAN tienen intereses en el sector eléctrico. Ésta puede ser la primera gestión del señor Taguas a favor de la entidad sin ánimo de lucro que preside".

   PSOE: APLICACIÓN RIGUROSA DE LA LEY

   Frente a ello, la portavoz socialista, Elisenda Malaret, insistió en que la Oficina de Conflictos de Intereses ha hecho una "interpretación rigurosa" de la ley y que la controversia suscitada aconseja "lograr más transparencia" en un nuevo marco de relaciones entre instituciones privadas y administraciones públicas.  

   Según dijo, el PSOE aboga por esa mayor transparencia, pero no aceptar reformar "en caliente" una ley que sólo tiene dos años de vida, ni trasladar la Oficina de Control desde el Ministerio al Parlamento. Aprovechó además para censurar las "obsesiones" de ICV y descalificar su "batería desordenada" de propuestas.

   Para 'tumbar' la iniciativa de ICV los socialistas contaron con el apoyo de CiU, cuyo ponente, Jordi Jané, rechazó "criminalizar" a los 'lobbies' y a quien ha ostentado un cargo público. "NO admitimos lecciones de nadie y pedimos a todos el mismo nivel de control y vara de medir en esa exigencia ética, pero entendemos que no es el camino mociones reactivas del caso concreto que no ayudan para nada a la transparencia", proclamó.

   En otras dos votaciones consecutivas, el Pleno del Congreso rechazó también los otros dos bloques propuestos por ICV en su moción, uno para pedir la reforma de la Ley de 2006 y otro para reclamar medidas de control de los grupos de presión.


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