MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, se ha mostrado "muy satisfecho" con el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos en el Senado para aprobar la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que permitirá congelar el impuesto a los gases fluorados en 2016.
"Hemos estado trabajando mucho para conseguir que se tengan en cuenta las demandas de la distribución alimentaria en este ámbito, ya que supone un importante impacto económico para las empresas del sector", ha afirmado García Magarzo en declaraciones a Europa Press.
De hecho, durante 2014, primer año de vigencia de impuesto, el impacto en las empresas de Asedas ha sido de unos 25 millones de euros, que ascendería a unos 75 millones en 2016 y siguientes, una vez que finalice el periodo transitorio. A esto habría que añadir el coste de la reconversión y el 'retrofit' (cambio de gas), que aún no se ha calculado, pero las nuevas instalaciones cuestan en torno a los 200.000 euros.
"Con la aprobación de esta enmienda, se han visto recompensados los esfuerzos que hemos venido realizando para trasladar a la Administración nuestra mayor preocupación, que es la necesidad de encontrar alternativas viables y eficientes para el sector de los supermercados con el objetivo de cumplir los objetivos fijados por la UE", ha señalado.
El director de Asedas ha resaltado que la congelación del impuesto el próximo año es un "balón de oxígeno" para las empresas del sector, al tiempo que ha asegurado que este impuesto "tan elevado" no existe en otro país de la Unión Europa, a excepción de Dinamarca (aunque en menor cuantía que en España) y aboca a las empresas españolas a tomar decisiones "no suficientemente maduras" o retomar soluciones que penalizan el consumo energético.
"No obstante seguimos trabajando para cumplir con la reducción de los gases fluorados, pero insistimos en la necesidad de investigar y obtener alternativas eficientes, ya que la finalidad ambiental de este impuesto sobre HFCs en España tiene sentido únicamente si existieran esas otras alternativas en el uso de la refrigeración, igual de eficientes, pero de menor impacto ambiental", ha explicado.
En opinión de García Magarzo, la opción u opciones alternativas deberían adaptarse además a todos los formatos y para todas las instalaciones ya en funcionamiento.
