MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores y los pensionistas declararon a Hacienda 19.359 euros de media en 2010, lo que supone un 75% más que en el caso de los pequeños empresarios y los profesionales liberales, que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros, según la III edición del 'Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria', elaborado por los técnicos de Hacienda (Gestha).
Así, asalariados y pensionistas declaran anualmente a Hacienda una media de 8.300 euros más que los pequeños empresarios y los profesionales liberales, y alrededor de 8.500 euros más si se compara con los microempresarios. Asimismo, los ingresos declarados por los microempresarios se movieron también por debajo del mileurismo, situándose en una media de 10.832 euros.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "no es creíble que un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado, por citar algunas profesiones liberales bien remuneradas".
UN FRAUDE "ESTRUCTURAL Y MASIVO"
El estudio, que analiza las diferencias entre las rentas netas declaradas por empresarios y asalariados en una serie histórica desde 1993, evidencia que la brecha entre ambos colectivos ha ido incrementándose año tras año hasta alcanzar su mayor diferencial en este último ejercicio, debido a la existencia de un "fraude fiscal estructural y masivo" entre los autónomos, que tributan de media en el IRPF por debajo del mileurismo.
En opinión de Gestha, esta brecha fiscal entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios evidencia que el "componente estructural" del fraude fiscal tiene mucho mayor peso que el componente coyuntural de la crisis económica, aunque reconoce que la crisis también ha influido, como lo demuestran los 22.785 autónomos que causaron bajas netas en la Seguridad Social en 2009.
LAS MAYORES DIFERENCIAS, EN MADRID
Por comunidades autónomas, los datos muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados y pensionistas y los pequeños empresarios y profesionales liberales se localizan en la Comunidad de Madrid (10.776 euros), Asturias (9.815 euros), Cataluña (8.765 euros), Cantabria (8.666 euros), Galicia (8.578 euros), Castilla-La Mancha (8.319 euros), Andalucía (7.600 euros), Baleares (7.448 euros) y Castilla y León (7.401 euros).
Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas son Murcia (6.871 euros), Comunidad Valenciana (6.480 euros), Canarias (5.984 euros), Extremadura (5.545 euros), Aragón (5.452 euros) y La Rioja (5.401 euros).
Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (14.782 euros), seguida de Cataluña (10.532 euros), Asturias (8.802 euros), Cantabria (7.983 euros), Aragón (7.908 euros) y Baleares (6.954 euros).
Le siguen, Canarias (6.757 euros), Castilla y León (6.507 euros), Castilla-La Mancha (6.367 euros), Andalucía (6.291 euros), Galicia (6.116 euros), Comunidad Valenciana (5.928 euros), La Rioja (5.849 euros), Murcia (5.636) y Extremadura (4.002) con las menores diferencias.
LAS RECETAS DE GESTHA
Sin embargo, Gesta advierte de que, aunque estas cifras revelan "un fraude fiscal masivo" entre los autónomos, no debe olvidarse que estos apenas representan el 8,6% del total del fraude fiscal en España.
Según este colectivo, "la Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada", centrada en el control de las rentas del trabajo y de los autónomos, en lugar de inspeccionar las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño.
Con el fin de atajar el fraude de autónomos y grandes empresas, Gestha propone la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente.
Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados de la AEAT y la IGAE.
