El Tribunal de Cuentas pide en el Congreso un recorte en Correos ante la caída de la demanda

Nueva oficina de Correos en Cabezón de la Sal
CORREOS - Archivo
Publicado 20/03/2018 19:27:26CET

Alerta en su fiscalización de descuentos a grandes clientes superiores al fijado, de un 51% de media, en una entidad con pérdidas

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas presenta este miércoles en el Congreso su recomendación a la empresa pública Correos para que recorte su estructura y la adapte a la caída de la demanda de los servicios postales tradicionales.

Esta es una de las recomendaciones contenidas en el 'Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A. relativas al Servicio Postal Universal', que el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, explica este miércoles ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

"Sería conveniente que Correos fuera progresivamente adoptando las medidas organizativas necesarias tendentes a adaptar y racionalizar su estructura a la vigente situación de caída de la demanda de los servicios postales tradicionales", señala entre sus recomendaciones, en las que también apunta a que la empresa pública debe continuar cumpliendo con los requisitos de prestación del Servicio Postal Universal.

En este sentido, considera "medidas deseables para garantizar la viabilidad futura de la sociedad" la diversificación de servicios, el mantenimiento y mejora en la calidad de productos y política comercial, la reorganización y racionalización de centros y plantillas.

APREMIA AL GOBIERNO A DEFINIR EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL

Otra de las recomendaciones va en la línea de la recomendación formulada en otro informe de fiscalización, este referido a los ejercicios 2008 y 2009, pues reitera la necesidad de que "de una vez por todas" el Gobierno desarrolle el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal con condiciones para su prestación, los criterios técnicos y el procedimiento para determinar su coste y su forma de financiación, así como los criterios para establecer la contribución del Estado.

La aprobación permitiría, señala el Tribunal, "dar la adecuada cobertura a las compensaciones que percibe Correos y Telégrafos por la prestación de las obligaciones de servicio público que tiene encomendadas", y así evitar la apertura de procedimientos de revisión por parte de la Comisión Europea por concesión de ayudas no adoptadas con una metodología de cálculo objetiva, y dentro de la normativa comunitaria.

Todo ello a pesar de que, según recuerda el Tribunal, la Ley Postal cuenta con más de seis años en vigor. Según esta norma, el sistema de imputación de costes en el que se refleje la contabilidad analítica de Correos debería ser desarrollada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

La falta del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal también implica que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no esté revisando el cálculo del coste neto desde 2011, pues a este organismo le corresponde determinar, a través de este análisis, la carga financiera injusta que asume Correos.

Según el indicador de control de calidad sobre la actividad de esa sociedad, la CNMC advierte de sus informes de los ejercicios 2015 y 2016 de que la empresa no está cumpliendo los objetivos sobre porcentajes de cartas y paquetes que han de ser entregados en los plazos fijados, y empeora en cada ejercicio sus resultados sobre el anterior.

"ALTA PROPORCIÓN" DE TARIFAS PACTADAS

En 2016, el desglose de los costes de los servicios prestados correspondieron en un 75% a productos universales, el 6% a servicios electorales y el 19% al resto de productos, según el Tribunal, que indica que el 72% de los costes de toda la sociedad fueron costes de personal.

Los ingresos netos obtenidos, apunta la fiscalización resultaron inferiores a los que se derivarían de la aplicación de las tarifas, tanto en productos universales como los que no universales, una situación consecuencia, advierte el Tribunal, de "una alta proporción de servicios" facturados de acuerdo con tarifas pactadas individualmente con determinados clientes.

En 2016, el descuento medio obtenido por los clientes de Correos fue del 37%, contando con que los servicios de giro y los servicios electorales no disfrutan de descuento alguno, con un resultado de pérdidas y ganancias de 52 millones.

Teniendo en cuenta que las actividades no imputables al servicio postal generan un beneficio de 197 millones --principalmente las subvenciones a cuenta recibidas de la Administración General del Estado-- las pérdidas totales en virtud de la contabilidad analítica suponen 249 millones.

EL 80% DE SERVICIOS SPU, AL 51% DE DESCUENTO

Ese año, el 75% de los servicios prestados correspondieron a clientes con contratos a los que se les aplican unas tarifas con descuentos distintas a los oficiales, con un descuento medio del 51%. Estos clientes concentraron el 80% del volumen total de actividad para los productos del Servicio Postal Universal.

Así, el Tribunal detecta que se otorgan descuentos "por encima de las tablas de descuentos máximos del modelo", la ausencia de parámetros para calcular estas rebajas, la aplicación de nuevas condiciones de facturación previa a la renovación de los contratos y de descuentos adicionales por volumen de pedidos a algunos clientes, a pesar de que esta modalidad ya se tiene en cuenta.

Por ello, otra de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas es el de que la prestación de servicios a los grandes clientes de la sociedad "se realice siempre dentro del marco de contratos que se hayan firmado con anterioridad a que tenga lugar dicha prestación", y así que "la posición negociadora de Correos no se vea debilitada en el momento de fijar los precios definitivos a facturar a los clientes a los que ya se ha prestado sus servicios".

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