UGT: el reglamento de EREs en el sector público es "peor" de lo esperado

 

UGT: el reglamento de EREs en el sector público es "peor" de lo esperado

Actualizado 30/10/2012 15:09:58 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha destacado que el reglamento sobre los procedimientos de despido colectivo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es "peor" de lo esperado, dado que en la anterior versión se consideraba como causa de despido colectivo en las administraciones públicas la reducción del 10% anual de las transferencias que perciben y ahora este requisito se rebaja al 5%.

La FSP-UGT criticó que el Gobierno haya aprobado "rápidamente" la norma, "una vez pasadas las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco".

Además, denunció que, según establece el reglamento, cuando la administración de turno opta por aplicar un despido colectivo, su aprobación resulta prácticamente inmediata. Así, indicó que mientras en el sector privado permite un cierto margen para atenuar mediante la negociación las posibles consecuencias del despido, en el sector público se establece la presunción de que como quien despide es una administración pública, el despido resulta inevitable tal cual.

Para UGT, existe un "ensañamiento" del Gobierno con el personal laboral del sector público, al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo como los expedientes de regulación de empleo temporales o la reducción de jornada.

"La intención del Gobierno no es, en ningún caso, gestionar de mejor manera los servicios públicos, sino el recorte de empleo de la manera más barata posible", reprocha la FSP-UGT, quien indica que así se desprende del Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo mandó a Bruselas, donde se marcó como objetivos la reducción de la administración pública, la eliminación de empresas públicas y el despido de empleados públicos.

Finalmente, destaca que el reglamento, que afecta al personal laboral contratado por las administraciones públicas y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (en total unos 840.000 trabajadores), también aclara cómo tienen que desarrollarse los expedientes de regulación de empleo y se detalla la documentación que las empresas tienen que presentar para justificar un ERE.

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