MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Gobierno, patronal y sindicatos mantendrán esta tarde la última reunión prevista en el calendario para cerrar la reforma del mercado de trabajo, con el desacuerdo como desenlace más previsible ante las grandes diferencias que separan a los agentes sociales, especialmente en el tema del despido.
Después de meses de negociaciones, este episodio del diálogo social quedará cerrado hoy, con o sin acuerdo, a la espera de que el próximo día 16 el Gobierno dé luz verde a un decreto cuyo contenido está en el aire: si hay acuerdo, la reforma laboral que se aprobará la próxima semana será la que pacten los agentes sociales con el Gobierno; si no lo hay, será el Ejecutivo el que apruebe su propia reforma.
De momento, todo apunta a que habrá reforma laboral sin acuerdo, por mucho que la voluntad expresada por las partes sea la de agotar hasta el último instante las posibilidades de pacto. Ante esa circunstancia, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha dicho que tiene "perfilado" un decreto.
De ese decreto que prepara el Ejecutivo sólo se conoce la música, aún falta la letra, pero lo que hay de momento no está gustando a la parte sindical, que ya ha puesto en marcha, al menos en el caso de CC.OO., la maquinaria para preparar una huelga general en toda España.
Los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma laboral lesiona los derechos de los trabajadores irán a la huelga general y han apuntado al abaratamiento del despido como una de las causas que justificaría la convocatoria de esta movilización.
La 'música' de la reforma del Gobierno va en esa dirección, ya que se plantea que los despidos en empresas en crisis puedan tener una indemnización de 20 días, en lugar de los 45 días que acaban pagando normalmente los empresarios.
En concreto, en virtud de lo que se conoce hasta la fecha, en la nueva reforma se reconocería como procedente un despido en caso de que la empresa alegue estar atravesando una mala situación económica, convirtiendo en ley algunas de las sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia. En estos casos, la indemnización se reduciría de 45 a 20 días.
Lo que alegan los sindicatos para rechazar esta medida es que el despido de 20 días ya existe y que si no se usa es porque los empresarios prefieren evitarse problemas recurriendo al 'despido exprés', una modalidad de despido implantada durante el Gobierno de José María Aznar que permite, sin preaviso y sin tutela judicial, poner en la calle al trabajador en 48 horas reconociéndole una indemnización por despido de 45 días. Así se producen aproximadamente el 80% de los despidos en España.
Frente a este despido con el que los empresarios pretenden ganar rapidez, está el despido por causas objetivas, de 20 días, basado en razones económicas, tecnológicas y organizativas, en el que se exige al empresario que ha despedido al trabajador que acredite dichas causas ante el juez, arriesgándose a que, después del trámite judicial, se estime improcedente el despido y tenga que pagar 45 días de indemnización al trabajador.
UNIVERSALIZAR EL CONTRATO DE 33 DÍAS.
En materia de despido y contratación, el Gobierno también se ha marcado el objetivo de extender el contrato de fomento del empleo estable, de 33 días de indemnización por despido improcedente, frente a los 45 días de los indefinidos ordinarios.
La idea del Ejecutivo sería la de universalizar este contrato, de forma que pudiera hacerse a todos los colectivos (ahora están excluidos los varones de 30 a 45 años).
En la práctica, ello supondría abaratar el despido para nuevos contratos, pero el Gobierno se defiende alegando que para un trabajador es mucho mejor tener este contrato que tener uno temporal, cuya indemnización es sólo de ocho días por año trabajado. Además, insiste en que ésta sólo será una opción más, pues, si lo prefieren, los empresarios siempre podrán seguir haciendo el contrato indefinido ordinario, con despido más caro, pues esta modalidad no se va a prohibir.
El modelo alemán, que permitiría combinar la reducción de jornada con compensaciones externas, y el modelo austriaco, basado en la creación de un fondo nominal, nutrido con aportaciones empresariales, que el trabajador podría cobrar al ser despedido o guardar para más adelante si cambia de empresa, son otros asuntos que podrían formar parte del decreto del Gobierno, al igual que la posibilidad de que el Estado se aviniera a pagar parte de los costes del despido (en un principio se habló de ocho días).
Está por ver también si el Ejecutivo atenderá la demanda empresarial de extender desde los 21 a los 30 años el tope de edad para poder hacer contratos formativos, si tomará una solución intermedia o si no tocará este contrato. A los sindicatos no les gusta nada la idea de que se amplíe la edad tope para este contrato, pues ello supondría precarizar aún más el empleo juvenil.
El Gobierno podría llevar a la mesa hoy un documento en el que se aclaren todas estas cuestiones, aunque también podría esperar unos días para redactar el documento definitivo, ya que deberá ganarse apoyos en el Parlamento si quiere convalidar la norma sin sobresaltos (la última votación, la del decreto antidéficit, salió adelante sólo por un voto a favor).
