Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/02/2010 13:11
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Fomento aprobó hoy por unanimidad la reforma de la Ley de Navegación Aérea que el Gobierno aprobó en diciembre para dar respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que podría haber llegado a suponer el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas, una norma que a partir de ahora continuará su tramitación en el Senado.
Tras un debate de apenas media hora, la Comisión dio 'luz verde' a una norma para la que el PSOE se aseguró el apoyo de todos los grupos a cambio de impulsar la creación en todos los aeropuertos que lo soliciten de una comisión mixta "paritaria" que se encargará de regular todos los temas relacionados con las servidumbres acústicas.
Este órgano estará compuesto por tres representantes del Estado y tres de las comunidades autónomas, ayuntamientos, y asociaciones de vecinos, que se repartirán por turnos la presidencia.
Asimismo, el PSOE pactó varias enmiendas con el resto de grupos que plantean, entre otros temas, que la aplicación de la ley a las infraestructuras aeroportuarias preexistentes debe respetar el derecho de los vecinos "reconocido por sentencia firme", de forma que los municipios serán compensados cuando se superen ciertos niveles de ruido.
El portavoz del PSOE, Rafael Simancas, se felicitó por la aprobación del texto y la colaboración de todos los grupos. "Estamos llegando a un acuerdo amplio en torno a una disciplina compleja", incidió el diputado socialista, quien señaló que la Ley tiene el objetivo de "consolidar y ampliar derechos" de protección ante el ruido, pero también a la movilidad, el progreso económico y el empleo.
PSOE: "LA SENTENCIA SE VA A CUMPLIR".
"La Ley va más allá de cualquier sentencia", incidió Simancas, quien aseveró que la sentencia del TSJM "se va a cumplir y punto" y subayó que el texto es más "garantista" con los derechos de los "sujetos de derecho ambiental", concepto que también se extenderá a trabajadores y viajeros.
El portavoz del PP, Andrés Ayala, destacó la relevancia de una ley que se impulsa como respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "que hay que cumplir" ante la "dejadez" de AENA. Asimismo, aseguró que tras las mejoras aprobadas en la norma, no tienen "ningún problema" unas modificaciones que "han escuchado" a los ayuntamientos afectados que comparecieron la pasada semana en el Congreso.
El representante de CiU, Pere Macías, celebró que se ha procedido a un "trabajo satisfactorio" en el que su grupo ha intentado "dialogar al máximo con los ciudadanos", que han supuesto unas valiosas aportaciones a la negociación. "Es lo que siempre hacemos", se jactó el parlamentario de la federación catalana.
El diputado del PNV José Ramón Beloki calificó de "incomprensible" e "innecesario" el texto original aprobado por el Gobierno en diciembre, aunque tras el acuerdo alcanzado se ha convertido en una ley "bastante razonable". En cualquier caso, recalcó que el problema es culpa de AENA por no "buscar el equilibrio" entre sus propios intereses y los de los municipios perjudicados.
Por parte de ERC-IU-ICV, Joan Tardá se congratuló de que los objetivos de garantizar los derechos de los municipios se vean garantizados con las enmiendas pactadas por su grupo. "Nos sentimos satisfechos de lo que se ha conseguido", incidió el diputado de ERC, quien calificó la creación de la comisión como "sustancial" en la defensa de la calidad de vida de los vecinos de los aeropuertos.
El diputado del BNG, Francisco Jorquera, subrayó que su posición "enormemente crítica" hacia el proyecto de ley original ha sido "superada" en la negociación de las enmiendas.