Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 11/07/2007 15:00
La sede central y otras dependencias de la Fundación Intervida en Barcelona están siendo registradas hoy por orden de la juez del juzgado de instrución número 17 de Barcelona, que ha decretado el secreto de las actuaciones que se llevan a cabo.
El registro de la sede central, en el número 77-79 de la calle Pujades, empezó a primera hora de la mañana. A las 14.30, la Policía Judicial seguía registrando la oficina, en la cuarta planta del inmueble.
La juez ha tomado esta determinación una vez admitida a trámite la querella que el Ministerio Fiscal presentó contra esta ONG por los presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, estafa y asociación ilícita.
Según informó hoy la Cadena Ser y confirmaron fuentes judiciales, una vez estudiada la querella la juez ha decretado el secreto de las actuaciones.
A petición de la propia fiscalía, ha ordenado los mencionados registros al grupo de delincuencia económica de la Brigada provincial de Policía Judicial de Barcelona, los mismos agentes que acompañaron a la fiscal Carmen Martín Aragón en el viaje que ésta realizó a Perú hace cinco meses para investigar in situ las actividades de Intervida en aquel país.
El Ministerio Fiscal ha solicitado también a la juez que oficie a todas las entidades bancarias con las que ha trabajado la Fundación Intervida, para que detallen los movimientos económicos llevados a cabo por la ONG durante los últimos cinco años.
La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona presentará cuando considere pertinente ante los Juzgados de Instrucción de la ciudad una querella contra los gestores de la Fundación Intervida por la supuesta desviación de millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas e instituciones privadas, después de que la Fiscalía General del Estado le diera el visto bueno al borrador de querella enviado para su visado hace unos quince días.
La investigación, hecha pública a principios de abril, comenzó hace cuatro años. Según los datos recabados, durante los ejercicios de 1999 a 2001 se pudieron haber camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento" más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecidos Lácteos. Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.
Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas. No obstante, debe registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat.
Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los "padrinos" se dirigen a programas de atención a la infancia, sin más especificación.