Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 04/04/2008 18:34
Los estudiantes se encuentran actualmente "sobreprotegidos" y como consecuencia tienen "escasa resistencia a la frustración", según afirmó hoy el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, durante el acto de clausura del seminario 'Prevenir y combatir la violencia escolar'.
Así, incidió en que se han producido cambios en el concepto tradicional de disciplina y autoridad, se han trasvasado responsabilidades educativas de la familia al colegio y las aulas se han convertido en espacios multiculturales.
Por otra parte, quiso destacar que a pesar de que el problema de la violencia escolar existe, los datos con respecto al año anterior mejoran y los problemas de convivencia se estabilizan. Para acabar definitivamente con este problema, que además causa hasta un 24 por ciento de las bajas laborales de los docentes, solicitó la implicación de los colegios, la familia y la sociedad.
En este sentido, destacó las medidas impulsadas por el Ministerio de Educación como el Plan de Convivencia incluido en la Ley Orgánica de Educación (LOE); la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y la creación del Observatorio Estatal de Convivencia, en el que están presentes las organizaciones sindicales, que persigue recabar información y proponer medidas sobre la convivencia en las Comunidades Autónomas.
A estas medidas se añade el 'Plan para la mejora de la convivencia escolar' creado por los sindicatos con el objetivo de priorizar el "buen clima de convivencia" en la aulas como "requisito indispensable" para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, destacó el programa impulsado por FETE-UGT bajo el nombre de 'Súmate a la convivencia', un portal de Internet que funciona como espacio para la información y formación de la comunidad educativa ante cualquier tipo de acoso escolar.
López también señaló la importancia de establecer una serie de medidas preventivas, entre las que apuntó la correcta distribución del alumnado entre todos los centros públicos, la agilización de los procesos de evaluación y sanción ante problemas de convivencia o una mayor formación dirigida tanto a padres como a alumnos y profesores.