Publicado 20/10/2017 13:43

ONG, satisfechas con la Ley de Contratos del Sector Público por ser un "instrumento" para la inclusión social

   MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Plataforma del Tercer Sector está satisfecha con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada este jueves 19 de octubre en el Congreso de los Diputados, por poner "en valor" las cláusulas sociales para que la contratación pública se convierta en un "instrumento" al servicio de la inclusión social, según ha informado la plataforma a través de un comunicado.

   La organización, formada por PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas, ONCE, la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia, también ha celebrado que la norma incluya "gran parte" de las propuestas en materia social que habían presentado a los grupos parlamentarios.

   Concretamente, el nuevo marco regulador incorpora criterios sociales de manera transversal a la hora de ejecutar una contratación pública.

   Las ONG señalan que la normativa amplía las cláusulas sociales y dicta los criterios de adjudicación del contrato, que incluyen aspectos como la accesibilidad, el diseño universal o las características sociales, que se referirán, entre otras, al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

   Además, apuntan que "velará" por promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

   Entre las novedades con respecto a la legislación vigente, la plataforma destaca la aceptación expresa de la concertación social como modalidad no contractual de gestión de servicios públicos de carácter social por parte de entidades no lucrativas del Tercer Sector.

   Por último, las ONG añaden que, gracias a la ley, la reserva de contratos para personas con discapacidad en centros especiales de empleo de iniciativa social podrá alcanzar el 10 por ciento del total del volumen de contratación.

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