El Congreso da tres meses al Gobierno para aprobar un reglamento para agilizar adopciones internacionales

Patricia Reyes, diputada de Ciudadanos
CONGRESO
Publicado 18/05/2017 13:02:57CET

   MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una moción impulsada por Ciudadanos para exigir al Gobierno que, en el plazo de tres meses, apruebe el reglamento de la Ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que está pendiente desde 2015 y con el que se busca desbloquear las adopciones internacionales.

   Se trata de una iniciativa de Ciudadanos, consecuencia de una interpelación a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, con la que la formación naranja denuncia que la falta de reglamentación en esta materia ha supuesto una limitación de todo procedimiento de adopción internacional ya que no se ha designado al personal encargado de la gestión de este procedimiento y tampoco se han tomado medidas para abrir vías de adopción en nuevos países.

   Según denunció en el debate la diputada Patricia Reyes, la adopción internacional "ha caído drásticamente, pasando de 5.541 en 2010 a 824 en 2014", lo que supone un descenso del 85 por ciento. Del mismo modo, indica que España, a pesar de haber firmado convenios bilaterales en esta materia con 40 países, "sólo utiliza de manera efectiva 6 países", mientras la UE "tiene abiertas vías con otros 45 países".

   Con la puesta en marcha de ese reglamento que se reclama, Ciudadanos quiere que el Gobierno convierta las adopciones internacionales en un "asunto prioritario" de la agenda política y que, una vez que se inicien los trabajos, impulse procesos de apertura con otros países que den respuesta a las más de 33.000 familias adoptantes en España que están en espera, así como a lo menores de esos países que se encuentran en situación de desprotección.

EL PP LO APOYA, AUNQUE LO VE IMPOSIBLE

   La moción, completada con enmiendas de Unidos Podemos, ha recabado también el apoyo del PSOE e incluso del PP, aunque su portavoz, Marta González, ya dio por imposible que se pueda cumplir en tres meses todo lo que se propone en la moción.

   Para el PP, la caída de adopciones internacionales en los últimos años no es consecuencia de la gestión del Ejecutivo, ya que éste "no ha realizado modificaciones legislativas restrictivas" en esta materia. "Si ha bajado el número de niños adoptados es por variaciones en la situación de los países de origen del los niños

   --dijo Marta González en el debate--. Los 15 primeros países receptores de menores adoptados, entre ellos España, adoptó en 2014 un 70 por ciento menos que en 2010".

   Por su parte, tanto Esquerra (ERC) como el PDeCAT han votado en contra de la moción, subrayando discrepancias competenciales, mientras que el PNV ha optado por la abstención.

HOMOGENEIZAR LA TRAMITACIÓN

   En la moción aprobada también se llama al Gobierno a mejorar y homogeneizar el sistema de tramitación, suspensión o prohibición de adopciones, mejorando la transparencia del mismo y facilitando que los solicitantes puedan acceder a la documentación relativa a su proceso. "Se revisarán los protocolos e información que se facilita a las familias adoptantes en las entrevistas previas", apunta el texto.

   Además, se pide la creación de un registro central de familias adoptantes y de niños susceptibles de ser adoptados para toda España para una "mejor coordinación y agilización" de los procesos.

   Ciudadanos ha aceptado incluir en su texto una enmienda de Unidos Podemos por la que se solicita la creación de un equipo especializado en adopciones internacionales. Según explicó el diputado de la formación morada David Carracedo, ahora la competencia sobre esta materia recae sobre los cónsules españoles en el país de origen del niño, que "han de exponerse" a posibles responsabilidades si algo va mal en fases posteriores al proceso.

   Del mismo modo, se ha unido la petición para que el Gobierno impulse la acogida residencial, no sólo en caso de menores de tres años, como la normativa fija actualmente. Carracedo señaló que un niño en un centro de acogida cuesta al Estado 3.000 euros mensuales, pues "por menos dinero una familia puede mantener a un menor" que tendrá un entorno más favorable para su crecimiento.

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