El Gobierno se compromete a luchar contra la discriminación racial o étnica

 

El Gobierno se compromete a luchar contra la discriminación racial o étnica

Iñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
EUROPA PRESS
Publicado 17/03/2017 15:24:06CET

   MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno ha manifestado su "firme compromiso" en la lucha contra la discriminación racial o étnica, para garantizar "el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en un marco de convivencia y de cohesión social", en una declaración institucional aprobada este 17 de marzo en Consejo de Ministros con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo.

   La declaración ha sido aprobada a propuesta de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Empleo y Seguridad Social, y recuerda que el 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960), recordando que la discriminación racial "constituye una ofensa contra la dignidad humana".

   En el texto, el Gobierno subraya que el principio de igualdad constituye "un valor superior" del ordenamiento jurídico y enfatiza en que la lucha contra la discriminación racial o étnica "es una de las prioridades de España tanto en su política interior, como exterior".

   Asimismo, señala que la Constitución Española, en su artículo 14, establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

   Además, en su artículo 10.1, declara que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social" y en el apartado 2 añade que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internaciones ratificados por España.

ACCIONES CONCRETAS

   En cuanto a las acciones concretas, el Ejecutivo hace alusión a la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2011.

   En el ámbito nacional, la Encuesta 3000/2013 sobre percepción de la discriminación en España llevada a cabo por el CIS revela que la sociedad española considera la discriminación étnica o racial el motivo más extendido de discriminación, por delante de otros, como el sexo, la discapacidad o la orientación sexual.

   En cuanto al estudio 'Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España' --que analiza las actitudes de los españoles hacia la inmigración desde 2007 hasta 2015--, muestra una mejoría en las actitudes intolerantes, racistas o xenófobas de la población: así, en 2015, un 5% de la población estaba de acuerdo con que no se sancionen las opiniones e insultos de corte racista o xenófobo, frente al 22% en 2008.

   En protección a las víctimas, el Gobierno menciona la reforma del Código Penal del año 2015 que refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos motivadas, entre otras causas, por el racismo, antisemitismo, religión o pertenencia a una etnia o raza integrando en un solo tipo la respuesta penal.

   Recoge también el agravamiento de la pena para los casos en que los delitos se cometan a través de Internet u otros medios de comunicación social, mientras que la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos cometidos, entre otros, por motivos racistas.

   Asimismo, indica que ofrece un servicio de atención y orientación a las víctimas de discriminación racial o étnica en todas las comunidades autónomas, con 87 oficinas de atención abiertas al público y, desde el año 2014, cuenta con una convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

   Además, señala qie se han puesto en marcha distintas acciones de información y sensibilización, dirigidas a aumentar el conocimiento de los derechos en este ámbito; se han publicado guías como la 'Guía práctica: cómo actuar ante actos de discriminación y delitos de odio'; o el 'Manual para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas'.

   En el ámbito internacional, España ha participado tanto en el marco de la Unión Europea como en el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el de Naciones Unidas, y ha contribuido al proceso que desembocó en la Declaración y el Programa de Acción de Durban sobre Racismo, así como en la declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2014-2024) en el marco de las Naciones Unidas, entre otros avances.

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