Actualizado 01/04/2014 12:38

Feaps anima a discapacitados intelectuales a recuperar su derecho a voto

En España hay 80.000 personas privadas de derecho de sufragio por sentencia judicial

   MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   FEAPS Madrid recordó hoy que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a votar y ha recordado que existen mecanismo para que quienes tengan sentencias de incapacitación pueden recuperar este derecho que es una de las máximas expresiones de participación con que cuentan los ciudadanos.

   FEAPS Madrid ha realizado estas declaraciones coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, hoy martes, 1 de abril, de las Elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo, ha indicado la organización en una nota de prensa.

   La Federación madrileña señaló que, tanto desde el movimiento asociativo como desde plataformas como el CERMI, se viene animando desde hace tiempo a las personas con discapacidad a que recuperen su derecho al voto si así lo desean.

   En este sentido, FEAPS Madrid ha explicado que, si bien el objetivo final ha de ser la modificación electoral que permita a las personas con discapacidad intelectual ejercer este derecho de participación, mientras tanto, las personas con discapacidad intelectual o sus familias pueden realizar acciones para recuperar este derecho.

   Así, si una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo está incapacitada por sentencia judicial, es preciso que se revise la misma para comprobar si se ha limitado el derecho al voto.

   En caso de ser así, el interesado o los familiares pueden acudir al juzgado de primera instancia, así como contactar con el propio movimiento asociativo para pedir asesoramiento.

   FEAPS Madrid reconoce que en los últimos tiempos se han dado pasos hacia la recuperación de este derecho como fue la proposición no de ley planteada por CiU y reivindicada por el colectivo de la discapacidad con el CERMI a la cabeza, que obliga a que el gobierno presente en el plazo de seis meses (la proposición se aprobó en octubre) a elaborar un informe para adecuar la normativa electoral a la Convención de la ONU.