Inmigración o el debate inconcluso

   Ha sido el Ayuntamiento catalán de Vic el que ha puesto encima de la mesa un debate que por su propia naturaleza es un debate inconcluso y que siempre estará sometido a un espacio de contradicción, como el que hoy mismo plantea la actual ley tantas veces revisada. Esta ley obliga, en principio, a actitudes contradictorias: a un inmigrante que se encuentra en situación ilegal es susceptible de expulsión, pero también, y de acuerdo con esa misma ley, tiene pleno derecho a ser inscrito en el padrón municipal. Ante esta contradicción hay que aplicar el principio que se aplica en Derecho Penal: en caso de duda, siempre a favor del reo. En caso de duda, el Ayuntamiento en cuestión debe empadronar al inmigrante que lo solicita, que es, por otro lado, lo que hacen todos los ayuntamientos españoles.

   Así debe ser mientras la ley sea la que es. Pero con esto ni se cierra el debate, ni se modifican algunas realidades. Ha sido el Presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, el que ha alertado de los riesgos que conlleva "quedarnos en el discurso del buenismo". ¿Alguien afirmaría que Montilla es xenófobo? Personalmente creo que en absoluto; creo, por el contrario, que su sugerencia debería hacer reflexionar a los responsables políticos, que ante un asunto de este calibre deberían actuar y hablar con la máxima prudencia. La experiencia de otros países nos dice que allí donde los partidos democráticos no han sabido gestionar con inteligencia el fenómeno migratorio, se han hecho hueco y con gran éxito ciudadano formaciones extremistas y claramente xenófobas.

   Somos una inmensa mayoría de españoles los que coincidimos con el Presidente cuando dice no admitir que un ser humano que llegue a nuestro país no tenga ni Sanidad ni Educación; somos muchos los españoles que, además, nos preocupa y nos avergüenza saber que en España hay inmigrantes que trabajan en condiciones infrahumanas, que hay miles de indigentes que su padrón es el limbo jurídico, que hay nacionales y no nacionales que hacen jugosos negocios alquilando las llamadas "casas pateras" y somos muchos los españoles preocupados ante la desazón de otros españoles con renta baja, muy baja, que se quedan sin plaza en la guardería de turno porque ésta ha sido adjudicada al hijo de un inmigrante, también con renta baja, muy baja, cuando la obligación del Estado es garantizar plazas para todos, nacionales y no nacionales.

   Vic debe abandonar su pretensión claramente ilegal; Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, empadronar a quien lo solicite y perseguir los ilícitos que se produzcan y, desde luego, Baleares no sacar las cosas de quicio con ese llamamiento al empadronamiento masivo. Sentido común, prudencia en las palabras y dinero, mucho dinero, son premisas imprescindibles para abordar un debate tan inconcluso como necesario.