La ley no se abortó

   Después de 25 años de aplicación, la realidad había demostrado que la ley había sido superada. Pero no se quería ver. Los sectores más conservadores se oponían a una ley de plazos, pero consentían una realidad que demostraban las cifras: que la inmensa mayoría de los abortos se realizaban en virtud del supuesto más flexible; es decir, que la norma, en su desarrollo, era una ley de plazos encubierta, pero sin las suficientes garantías para la mujer. Porque siempre podría haber un ciudadano, una asociación o una consejería que animase oportunamente a la policía o a un juez a revolver expedientes, a entrar en las clínicas o a buscar en sus domicilios a mujeres que habían abortado.

   Los plazos en los que ahora se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo no supondrán la multiplicación del número de abortos, pero tampoco tendrán la milagrosa virtud de reducir su número. Eso es lo que se contempla en la otra parte de la norma, la que se refiere a la salud sexual y reproductiva, a la educación y a la información, al más fácil acceso a métodos anticonceptivos que eviten llegar al aborto. En su eficaz desarrollo es donde las administraciones y las fuerzas políticas, las que han apoyado la ley y las que la han rechazado, tienen una ocasión inmejorable para demostrar su voluntad de acabar con este drama.

Isaías Lafuente