Actualizado 27/08/2015 14:17

El PSOE reclama 100 millones de euros para la Delegación de Violencia de Género

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para obligar al Gobierno a "retratarse" y mostrar su compromiso con la lucha contra la violencia de género: piden que la partida para la Delegación del Gobierno especializada en este ámbito ascienda a 100 millones de euros, frente a los 25 que se han presupuestado.

Así lo han explicado en un encuentro con la prensa la secretaria federal de Igualdad del PSOE, Carmen Montón; y la portavoz parlamentaria de este área, Ángeles Álvarez, en el que han recordado que los 25 millones para la Delegación que contempla el proyecto de Presupuestos Generales presentado por el Gobierno siguen por debajo de los fondos que este organismo tenía en 2011: un 17% menos.

"25 millones de euros equivalen a 8 kilómetros de autovía. El Gobierno tiene que explicar cuáles son sus prioridades", ha señalado Montón, que exige pasar "de las palabras a los hechos" y tomar medidas urgentes porque "están muy bien las condenas públicas y las declaraciones institucionales" pero "se han perdido cuatro años" y "las mujeres no pueden esperar más".

La enmienda se enmarca en la propuesta que ha elaborado el PSOE para un "gran acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género", que recoge diez medidas a poner en marcha con urgencia tanto en el ámbito judicial, en educación y prevención y para ampliar el alcance de la Ley Integral. El reparto de partidas presupuestarias que propone va así en línea con la adopción de ese decálogo.

Así, el PSOE especifica que de los 100 millones de euros de la Delegación, 45 irán destinados a la consolidación de un "plan permanente de prevención", 20 millones serán para el fondo de apoyo a los ayuntamientos que propone crear con objeto de reforzar su asistencia a las mujeres y sus hijos; 10 millones para establecer un sistema individualizado de evaluación del riesgo de menores de edad y otros 10 àra programas de asistencia social.

En la misma línea, quieren que 5 millones para el programa de "acompañamiento judicial personalizado" para víctimas de violencia de género que plantean en su propuesta de acuerdo marco; 2,5 millones a campañas de sensibilización, dos millones para un "plan urgente de formación certificada de equipos psicosociales" que se acompaña de un millón en becas de formación; tres millones para atender a víctimas de trata y un millón para las menores víctimas de esta violación de derechos humanos.

Además, 500.000 euros irán a la creación de un protocolo específico para la atención y seguimiento de las mujeres que retiran su denuncia, iniciativa que proponen para responder a ese 12% de mujeres que se echan atrás después de haberse acercado a la justicia.

"Llevamos cuatro años exigiendo que se repongan los presupuestos, que Rajoy lidere un pacto institucional, que se reedite el consenso de 2004 que el Gobierno de Rajoy ha roto con su indolencia. Hay que ir más allá de las palabras, es el momento de materializar el compromiso en los Presupuestos Generales del Estado", ha señalado Montón.

EL ACUERDO QUE PROPONE EL PSOE

Se trata de diez medidas estructuradas en cuatro ejes: aplicación de la Ley en el ámbito judicial (creación del acompañante especializado para quienes denuncian, seguimiento de las que retiran la denuncia y formación especializada obligatoria y certificada para todo el personal); la educación (asignaturas específicas en todas las etapas educativas, un plan de prevención protección y reparación de los menores etc.); Dotación presupuestaria suficiente y Cumplimiento del Convenio de Estambul (que implica ampliar la Ley para incluir delitos como la agresión y explotación sexual).

La 'esencia' de las medidas que contempla el documento del PSOE está ya recogida en forma de proposición no de ley pendientes de debate en el Congreso con objeto de recoger las aportaciones del resto de grupos parlamentarios y poder "reeditar el consenso de 2004" en torno a la lucha contra la violencia de género, que, según Álvarez, "se rompe en el momento en que no se sabe o no se quiere avanzar en el desarrollo de la ley".

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