MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Igualdad del Senado ha ratificado este viernes 28 de julio el acuerdo alcanzado el pasado lunes que recoge un total de 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, pero también ha rechazado 13 votos particulares presentados por PSOE y Podemos. El Pacto prevé conta con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Adminitración Central.
Como novedad al texto de comienzos de la semana, se ha incorporado un voto particular para atender situaciones como la de Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.
Entre las medidas más llamativas, propone sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar "una segunda victimización y la impunidad de los agresores" y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.
En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos --trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual--, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual --a través de la recogida de datos y una macroencuesta--; así como que se realicen protocolos que actúen contra el "acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares".
Asimismo, insta a trabajar, desde el consenso, en la aprobación de una Ley de Violencias Sexuales y recomienda impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.
También sugiere modificar la legislación con el fin de "dejar en suspenso" el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia.
Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor.
Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con "ponerlo en conocimiento" de la otra parte.
El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.
También reconoce el derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida por parte de las personas que asumen la patria potestad, tutela o acogimiento permanente de los niños que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista.
Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales.
En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN REDES SOCIALES
También exhorta a tipificar penalmente la suplantación de la identidad en las redes sociales e Internet ante el aumento de este delito por parte de maltratadores; y a prohibir el uso de Internet y de las nuevas tecnologías como pena de alejamiento del agresor.
Además, para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.
Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, "desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial" el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita.
Asimismo, pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.
En materia educativa, propone la elaboración de materiales dirigidos tanto a menores como a educadores, incorporando "educación afectivo-sexual, resolución pacífica de conflictos, roles de género, trastornos en la alimentación, los mitos del amor romántico, el control y las redes, el cuerpo y la importancia del consentimiento, y el respeto a la diversidad y a las personas LGTBI".
JUGUETES IGUALITARIOS
Asimismo, sugiere fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas y espacios educativos; y ampliar las sanciones administrativas a los clubs que permitan apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos.
Para vigilar el cumplimiento del pacto, los grupos en el Senado plantean crear una Comisión Mixta parlamentaria Congreso-Senado de seguimiento, formada por representantes de ambas cámaras.
DISCREPANCIAS
Sin embargo, la Cámara Alta no ha alcanzado acuerdo en torno a 13 votos particulares. Nueve presentados por el Grupo Socialistas y cuatro presentados por Podemos.
Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.
Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la "explotación reproductiva" (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.
En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es "arbitraria" y "sin garantías; exigir una formación "estructural" en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.
