Actualizado 20/03/2018 17:54

Empresas de atención a mayores piden al Gobierno igualar el IVA de servicios geriátricos privados al de los públicos

Diego Juez, Cinta Pascual y Javier Gómez de CEAPs
Diego Juez, Cinta Pascual y Javier Gómez de CEAPs - CEAPS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha exigido al Gobierno que reduzca el IVA de los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados, ya que actualmente se sitúa en el 10% en los geriátricos con plazas privadas mientras que, por una plaza pública o concertada con idéntico servicio, se tributa un tipo del 4%.

   Así lo ha hecho saber este martes 20 de marzo en Madrid, en rueda de prensa, la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, quien ha denunciado que "aunque se trate del mismo servicio e incluso en el mismo edificio", el IVA que paga la persona usuaria es diferente, "penalizando a los ciudadanos" en lugar de tratarlos con igualdad. Por ello, ha resaltado que "situar el IVA al 4% "supone más que una medida fiscal" ya que es "hacer justicia social".

   De este modo, ha señalado que confían en que el Gobierno tome nota de su demanda e incluya dicha medida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, una demanda que han hecho pública tras una serie de reuniones con la Dirección General de Tributos, cuyo equipo ha dado el visto bueno al informe técnico que ha realizado el CEAPs, basado en datos estadísticos referidos por el CSIC, el CCHS y el estudio sectorial 2017 de la consultora DBK.

   "Ahora todo esto lo que necesita es una voluntad política", ha remachado, tras señalar que ya han expuesto "este problema" al ministro Montoro con el fin de que tenga constancia de que "esta injusticia ocurre". "Iremos al Congreso a hablar con los diferentes partidos políticos. Tenemos que trabajar para que la gente mayor no sea invisible", ha añadido.

   En este contexto, ha explicado que en muchas ocasiones las personas mayores no pueden acceder a una plaza pública ya que se encuentran en lista de espera para que su situación de dependencia sea reconocida (un periodo de espera que puede llegar al año), y por ello necesitan contratar servicios privados mientras tanto, para "poder mantener su autonomía".

"NO ES LUJO, ES NECESIDAD"

   Así, ha recalcado que de los usuarios que ocupan las plazas privadas en residencia en España el 67% son mujeres (el 75% de ellas tienen 80 años o más),el 97% tienen enfermedades crónicas y el 67% da las personas que residen en una residencia tienen un deterioro cognitivo severo, algo que, a su juicio, denota que "nadie va a una residencia por lujo, si no por necesidad".

   Asimismo, ha resaltado que actualmente en España hay cerca de 300.000 personas esperando una plaza en residencia geriátrica, y en el sector privado existe una desocupación del 17% de las plazas. "Sin duda el principal problema por el que no se cubren las plazas es el aspecto económico ya que existe una importante lista de espera", ha expresado tras lamentar que el año pasado murieron 44.000 dependientes sin haber recibido estos servicios "que les correspondían".

UN AHORRO DE 1.279 EUROS ANUALES

   Según ha precisado, igualar el IVA afectaría positivamente a unos 200.000 mayores que actualmente utilizan una plaza residencial privada, con un ahorro estimado de 106 euros mensuales, lo que supondría una cantidad de 1.279 euros anuales.

   En este sentido, ha destacado que hay que tener en cuenta que el precio medio de la plaza residencial privada en España es de casi 1.800 euros al mes y que la pensión media es de 903 euros al mes, "un desajuste que evidencia la dificultad de cubrir una plaza".

   Por su parte, el tesorero de CEAPs, Diego Juez, ha precisado que la igualación de este IVA conllevaría una ocupación plena de los centros, algo que produciría nuevas contrataciones de personal con el aumento de las cotizaciones, reduciendo así el número de parados de una forma directa, ahorrando también en las prestaciones directas.

   "Es decir, no solo se disminuiría el desempleo y se respetaría el principio de igualdad, si no que mejorarían las arcas del estado en 270 millones de euros", ha aseverado Juez.