MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Representantes de las organizaciones de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL) han acordado solicitar a la Unión Europea y a los Esados miembro que pongan fin a las "graves violaciones" de derechos de las personas migrantes.
Así lo ha indicado esta organización en un comunicado, dado a conocer por la asociación española Jueces para la Democracia, con motivo de la reunión del Consejo de Administración de MEDEL este pasado fin de semana en París, ante la "grave situación" de los CIES en España o el desalojo que ha comenzado este lunes en la llamada 'jungla de Calais' en Francia.
Según MEDEL, durante más de 20 años Europa está llevando a cabo políticas "hostiles" contra los migrantes "restringiendo progresivamente el campo de la inmigración regular, militarizando y externalizando el control de sus fronteras exteriores, recurriendo de forma creciente tanto a medidas de devolución sin garantías hacia países que desprecian los derechos humanos o a la detención de personas en situación irregular en centros masificados e indignos".
Asimismo, sostiene que estas políticas se "han agravado aún más" con el "pretexto" de movimientos de personas, que representan "solamente el 0,2% de la población total de la Unión Europea y poco más del 10% de los desplazados y refugiados en todo el mundo en 2015", pese a que del 80% de las que han llegado a Europa "son potencialmente dignas de protección internacional".
MEDEL afirma que "se cuentan por millares" los hombres, mujeres y niños que han muerto en el Mediterráneo, a las puertas de Europa, y que son siempre más numerosos los que intentan la travesía "arriesgando sus vidas, rescatados 'in ex tremis' en condiciones de cada vez más difíciles".
Estos jueces alertan de que la "persistencia en una política de rechazo de las personas obligadas al exilio por la guerra y la miseria" ha llevado a Europa a concluir el pasado 18 de marzo de 2016, un "vergonzoso acuerdo" con Turquía, "un país que abiertamente viola las más básicas libertades individuales y colectivas".
También avisan de que la aplicación de los sucesivos reglamentos de Dublín han sido invocados para "justificar la estrategia de identificación, clasificación y confinamiento de los exiliados" llegados a las fronteras de la Unión y establecer "puntos calientes", donde "miles de personas necesitadas de protección son finalmente abandonadas en prisiones a cielo abierto".
Los jueces aseguran que en la Unión Europea sus Estados miembros comparten y aplican unas políticas de inmigración y asilo "egoístas y nada hospitalarias", donde los migrantes que "están cayendo en trampas administrativas y policiales", como los CIES en España o 'la jungla de Calais' en Francia, donde "se les deja sin protección y sin ningún tipo de asistencia".
