MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Javier S.V., residente en Galicia y de nacionalidad española, ha pedido ayuda al Ministerio de Justicia y al de Asuntos Exteriores para no perder definitivamente la patria potestad, que actualmente tiene suspendida de manera cautelar, sobre su hijo de cinco años Miguel S.S., que vive en Myski (Rusia) con su madre Valentina S.V., de nacionalidad rusa, con la que Javier S.V. contrajo matrimonio en septiembre de 2010 y de la que se divorció en marzo de 2015.
"Ella, al retirarme la patria potestad, puede cambiar los apellidos y el nombre de mi hijo y borrarme totalmente. Su deseo es hacer barrer de la memoria de mi hijo mi presencia y mi historia", ha señalado Javier S.V. a Europa Press en una entrevista.
Así, ha afirmado que se encuentra en una situación de "indefensión total", al no tener derecho a ver a su hijo por tener suspendida cautelarmente la patria potestad a causa de una "batería de demandas" puestas por su exmujer, aunque aún no se haya dictado una sentencia definitiva ya que el juicio se celebrará en marzo de 2018.
"Quiero que se me garantice el derecho a poder visitarlo, a que pueda venir a España y que conozca a su familia española. Lo más triste de todo es que la legislación española no me permite denunciar en España todo esto. Juana Rivas tiene la ventaja de que sí puede denunciar", ha lamentado Javier S.V., resaltando que el Ministerio de Justicia "está de perfil", ya que enviaron un escrito a Rusia por el que "no obtuvieron respuesta" y "se quedaron ahí".
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en una carta enviada el pasado 5 de junio a Javier S.V. a la que ha tenido acceso Europa Press, señaló que "ningún niño debería ser privado del contacto con su padre" y se mostró preocupado por la "ausencia de respuestas" de las autoridades rusas. "Entiendo y comparto su dolor. Seguiremos haciendo lo posible por contribuir a una solución razonable de su caso", apuntó Dastis en el escrito.
El padre, que lleva sin comunicarse con su hijo desde septiembre del año pasado cuando le permitieron verlo durante tres horas, ha denunciado la "desprotección" que tienen los españoles en el exterior, en este caso en Rusia. "Pueden denunciar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, y para defenderse uno debe desplazarse allí. Una vez allí te niegan el derecho a la defensa porque no te facilitan traductor ni admiten pruebas extranjeras, por eso denuncié a Rusia ante el Tribunal de Estrasburgo y la denuncia ha sido admitida a trámite", ha explicado.
"FRAUDE" EN LA INSEMINACIÓN IN VITRO
El menor, según ha asegurado Javier S.V., fue concebido de manera "ilegal" y "fraudulenta" mediante una inseminación in vitro realizada por el Hospital Mariinski de San Petersburgo. "Hice un depósito por un mes, si quería prorrogar ese mes tenía que acudir personalmente al hospital y firmar la descongelación y su uso. Falsificó (Valentina S.V.) mi firma y los contratos y prorrogó la crioconservación", ha explicado Javier S.V..
"Para esta señora el niño no es su hijo, es un medio de vida. A través del niño intentó conseguir un sueldo, quería la nacionalidad española y un piso en España comprado a su nombre", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que "nunca" ha cedido al chantaje.
Este hecho fue denunciado por el padre ante el Comité Central de Investigación de la Policía de San Petersburgo en julio de 2015, que se "negó a realizar investigación alguna". "Este hospital ruso ha cometido el primer fraude oficial en inseminación in vitro de Europa", ha sentenciado.
"¿Cómo le pueden dejar la custodia a esta señora si concibió a este niño para hacer un chantaje?. Dándole la custodia a la madre se me somete a un chantaje perpetuo y al niño a una tortura perpetua", ha lamentado Javier S.V., destacando que esa fue la razón "más fuerte" por la cual el Tribunal de Estrasburgo admitió en febrero de 2017 su caso, que actualmente se encuentra "en espera", a trámite.
DERECHO A COMUNICARSE CON EL NIÑO
El 25 de septiembre de 2015, el Juzgado del distrito de Primorski de San Petersburgo (Rusia), según señala la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, estableció que el niño tiene derecho a comunicarse con sus padres, abuelos, hermanos, hermanas y otros parientes, y que la disolución del matrimonio de los progenitores no afecta a los derechos del niño.
En caso de vivir los progenitores por separado, la sentencia señala que el niño tiene derecho a comunicarse con cada uno de ellos, también cuando éstos residen en diferentes países. Concretamente, apunta que el progenitor que no vive con el niño tiene derecho a comunicarse con él, a participar en su educación y a decidir cuestiones relacionadas con la formación de éste, y que el progenitor que vive con el niño "no debe poner impedimentos" a esto.
En el transcurso de dicho juicio, el Tribunal asegura que no se presentaron pruebas de que la comunicación del menor con su padre produzca daño físico o psíquico a su salud y a su desarrollo moral, y que el niño "desea relacionarse con su padre" y que su disposición hacia él "no es negativa".
La sentencia concluye que Javier S.V. tiene derecho a ejercer "plenamente" la patria potestad en lo que se refiere a la participación en la educación del niño y a la comunicación con él.
DEMANDAS PARA SUSPENDER LA PATRIA POTESTAD
Sin embargo, el 28 de octubre de 2016 el Tribunal de Myski, en el que trabaja como alguacil judicial la madre del menor, dicta una orden de embargo de bienes y prisión de Javier S.V. si no paga la cantidad de 28.000 euros, con motivo de una demanda presentada por Valentina S.V. por impago de pensión alimenticia del niño.
Por otro lado, Valentina S.V. también inicia una "batería de demandas judiciales" desde el Tribunal de Myski, su lugar de trabajo, con el fin de suspender la patria potestad e impedir la comunicación y visitas entre padre e hijo.
"Unos periodistas rusos me han dicho que mi exmujer es intocable por ser la alguacil judicial en Myski, nadie le dice nada y nadie le tose nada. Rusia es un cachondeo total, esto es una lucha de David contra Golliat", ha criticado el padre.
Las comunicaciones judiciales se realizan al correo electrónico particular de Javier S.V., en idioma ruso, y una vez celebrados los juicios sin su presencia. "Mi indefensión absoluta en Rusia es que me van juzgando, salen sentencias que ejecutan sin ser llamado a juicio. Tengo cautelarmente suspendidos mis derechos a visitas y a comunicación en principio hasta marzo de 2018 cuando se celebre el juicio", ha afirmado Javier S.V..
"He demostrado con certificados del banco que yo he hecho el pago de la pensión, todos los meses ingreso el dinero. Esto es de una prevaricación alucinante", se ha defendido, al tiempo que ha explicado que abrió una cuenta en euros en España a nombre de su hijo, con una tarjeta bancaria para que la madre "pudiera hacer uso de ella", pero que "se ha negado repetidamente" a recibir dicha tarjeta.
CASI 200.000 EUROS GASTADOS EN EL PROCESO JUDICIAL
Javier S.V., que lleva gastados casi 200.000 euros en todo el proceso judicial, decidió asumir su propia defensa en una vista celebrada en el tribunal de Myski el pasado 27 de julio. "Asumí mi propia defensa porque los abogados rusos son todos malísimos. Desde España mandé documentación y solicitudes para que se aplique el Convenio de La Haya", ha subrayado.
Después de asumir su propia defensa, Javier S.V. ha conseguido que, aunque no se ha retirado la demanda de privación de la patria potestad, se trasladara el pasado 16 de agosto la documentación traducida a la Autoridad Central española, para poder defenderse y aportar las pruebas necesarias en España.
"No puedo parar algo que es un tren de mercancías, pero por lo menos que ese tren pueda parar en una estación que es España y el Ministerio de Justicia, en la que yo me pueda defender. Primera victoria al fin", ha celebrado.
