MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere que el Tribunal de Cuentas inste a la Delegación del Gobierno para la violencia de género a centralizar todo el procedimiento de contratación administrativa (preparación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución) en una unidad orgánica, con independencia de su procedimiento de adjudicación y para homogeneizar criterios de actuación, lo que a su juicio facilitaría el seguimiento de los contratos adjudicados y podría resolver deficiencias en las contrataciones administrativas.
Así se desprende de una de las tres propuestas de resolución, recogida por Europa Press, que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados al informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas realizó sobre la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad.
Este informe fue aprobado en 2011 y en él se detectaron múltiples "deficiencias" en los contratos de la Delegación del Gobierno durante esa época. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda lo presentó en octubre en el Congreso y este martes se votan las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios.
Los 'populares' también quieren que se inste a los gestores correspondientes de los diferentes observatorios estatales relacionados con la salud, convivencia, situación y trato a las mujeres, constituidos en distintos departamentos ministeriales y de los diferentes observatorios de violencia de género creados en las comunidades autónomas, a que promuevan medidas tendentes a colaborar entre ellos.
Por último, quieren que se inste a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a utilizar los procedimientos adecuados para la concesión de subvenciones de forma que se facilite el análisis y consecuente control sobre la naturaleza de las ayudas concedidas y los criterios considerados para la concesión.
EL TRIBUNAL EXCEDE SUS COMPETENCIAS
Igualmente, en sus cuatro propuestas de resolución el Grupo Socialista reclama que los informes de fiscalización incidan en la legalidad y fiscalidad de las decisiones adoptadas, obviando las referencias a la oportunidad política de dichas decisiones.
A su vez, solicita que los informes de fiscalización consideren circunstancias como "la fecha de creación de nuevos organismos administrativos obligados a actuar con premura en el marco de la legalidad" para abordar casos de violencia, haciendo uso en la gestión administrativa de instrumentos existentes que agilizaron la respuesta, como a su juicio son los contratos menores.
Además, el PSOE quiere someter a votación una propuesta de resolución que plantea que la realización de valoraciones por parte de los informes de fiscalización sobre las previsiones económicas no competen al Tribunal y "excede sus atribuciones", "máxime cuando se hable de dispositivos presupuestados sobre criterios policiales de valoración de riesgo que la Delegación del Gobierno debe atender inexorablemente.
"DEFICIENCIAS EN LOS CONTRATOS"
El Tribunal de Cuentas detectó que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".
Igualmente, el informe ha observado una "excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12.020,14 o 20.880 euros), "lo que puede ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido".
En cuanto al sistema de seguimiento en los casos de la violencia de género, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos.
EL OBSERVATORIO NO CUMPLE SUS FUNCIONES
Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.
Igualmente, ha verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres, constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que considera "necesaria".
Tras conocer este informe, Aído defendió que las "deficiencias administrativas" detectadas en la gestión fueron "puntuales" y ya estaban "corregidas". "Se trata de incidencias puntuales, detectadas y corregidas en su momento con la diligencia e interés con las que atiende este Gobierno a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", reiteró la extitular del Ministerio de Igualdad.
Mientras, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género aseguró en un comunicado que no se había cometido "ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que "todos" los procedimientos estuvieron regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.
