MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del Congreso han apoyado este martes el fin de la proposición no de ley de Esquerra Republicana (ERC) por la que insta al Gobierno a modificar el cómputo del plazo de prescripción de los delitos de abuso o agresión sexual a menores empiece a computar desde el día en el que la víctima haya cumplido los 30 años de edad, y no a los 18 como ocurre en la actualidad.
Además, tanto Unidos Podemos y Ciudadanos a través de sendas enmiendas, como el PP y PDeCAT 'in voce', han sugerido a ERC la necesidad de poner en marcha un grupo de trabajo en el que estudiar los mejores cambios que se pueden realizar en este sentido. Una medida que el grupo proponente ha rechazado.
Con su propuesta, el partido republicano busca solucionar la dificultad que tienen las víctimas de estos abusos para denunciar, debido a la relación de dependencia (económica, emocional) que suele existir con su agresor. También hay casos de bloqueo psicológico, sufrido como consecuencia de la experiencia traumática vivida, que también llevan al menor a esconder la situación vivida.
En su defensa de este texto, la diputada republicana Carolina Telechea, ha explicado que existe un "elevado índice de prescripción" en estos delitos porque sus víctimas acostumbran a denunciar los hechos muchos años después de su consumación y, muy a menudo, cuando ya es demasiado tarde y el delito ha prescrito y, por lo tanto, se ha extinguido la responsabilidad penal del autor.
ERC quiere que la prescripción de estos delitos comience "cuando se adquiere conciencia de lo sucedido", respetando, al mismo tiempo, "la institución de la prescripción del delito como elemento esencial de un derecho penal garantista que defiende la función preventiva de la pena y su finalidad resocializadora".
Sin embargo, formación independentista ha rechazado dos enmiendas registradas por Ciudadanos y Unidos Podemos en las que se proponía la creación de una comisión, en el caso de los 'naranjas', y un grupo de trabajo, en el caso de los 'morados', para estudiar cuál serían los cambios apropiados a realizar en esta materia. Los portavoces de ambas formaciones, Nacho Prendes y Mar García Puig, respectivamente, han defendido esta propuesta señalando la necesidad de llegar a un acuerdo entre los diferentes actores, contando, además con las posturas de los partidos, con expertos y la sociedad civil.
ESPERANDO LA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA
La portavoz de PDecAT en este debate, Lourdes Ciurò, también emplazó 'in voce' a ERC a crear esa comisión y establecer un periodo de trabajo, pero Telechea ha confirmado, al terminar el debate, que no contemplaba esta posibilidad.
Sí ha aceptado otra enmienda de Unidos Podemos, por la que se añade al texto votado un nuevo párrafo, en el que se insta al Gobierno "a trabajar junto con las comunidades autónomas, en programas de prevención, sensibilización de abuso y agresiones sexuales infantiles, con partidas presupuestarias finalistas específicas".
Además, del voto a favor de los de Pablo Iglesias, los republicanos han contado con el apoyo de los socialistas. Su portavoz en esta materia, Sonia Ferrer, ha recordado al pianista James Rhodes, activista en este tema, y que está participando con el Gobierno en la elaboración de la Ley Integral contra la Violencia en la Infancia. A su juicio, esta norma deberá marcar la conciencia de la sociedad frente a este problema, como lo hizo en su día la ley de Violencia de Género.
Desde el PP, han calificado la propuesta de "gran interés", aunque consideran que se ha quedado corta. Así, la diputada 'popular' Silvia Valmaña ha propuesto la inclusión en el texto de "la ablación, la trata o la prostitución", que, según ha indicado, son delitos que también sufren los menores y les provocan "grandes daños psicológicos".
Desde PNV, han mostrado su apoyo a la iniciativa, a pesar de que, como ha explicado su portavoz Mikel Legarda, apuestan más por una ley integral que proteja al menor, no sólo en lo penal, sino también en lo procesal; mientras que Compromís considera "importante" que se haga esta reforma y que se retrase la prescripción de estos delitos para garantizar los derechos de la víctima.
