CONGRESO
Esta reivindicación de Unicef costaría unos 2.600 millones de euros al Estado en cuatro años
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unidos Podemos busca apoyos en el Congreso, especialmente el del PSOE, para que el Pleno de la Cámara apruebe este jueves su moción sobre pobreza infantil en la que reclama el aumento de la prestación anual por cada un hijo a cargo de manera progresiva, pasando de los actuales 291 hasta alcanzar los 1.200 euros en los próximos cuatro años.
Así lo ha anunciado la portavoz de Unidos Podemos en la Comisión sobre infancia y adolescencia de la Cámara Baja, Ione Belarra, quien ha sido la encargada de defender en el hemiciclo la moción de su grupo, que es consecuencia de la interpelación sobre este tema que dirigieron el pasado 22 de diciembre a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
En su propuesta, la formación morada insta al Gobierno a aumentar al doble en 2017 los actuales 291 euros de asignación por hijo; durante 2018 pide ampliar el número de familias beneficiarias, hasta incluir a todas las situadas en el umbral pobreza; mientras que sugiere llegar a los 900 euros anuales en 2019 y a los 1.200 euros en 2020.
YA SE APLICA EN LA UE
Belarra ha explicado que esta medida no es de su partido sino de UNICEF y que ya ha sido implementada en otros países de la UE. A su juicio, se trata de una medida factible ya que costaría unos 2.600 millones de euros al Estado. Además, ha pedido que estas ayudas sean complementarias a otras ya existentes y que también afectan a la infancia, como por ejemplo las de discapacidad.
"En 2017 esta medida supondría 700 millones de euros, menos del 10 por ciento de la conocida deuda que, literalmente, está aplastando a los niños y comprometiendo su futuro", ha declarado la diputada durante su intervención.
En este sentido, ha señalado que la inversión del Gobierno hasta llegar a las cifras que ellos proponen, supondría reducir en un 14,4 por ciento la intensidad de la pobreza de familias con niños, bajar en un 30 por ciento la pobreza severa y en un 40 por ciento la pobreza extrema.
La iniciativa de Unidos Podemos no cuenta con el apoyo de PP y Ciudadanos. La 'popular' Silvia Heredia ha defendido que para solucionar esta situación "lo más importante es el empleo" y que la propuesta de su partido contra la pobreza infantil "es crear 20 millones de puestos de trabajo para 2020".
Además, ha apelado a la falta de experiencia de Podemos en los ayuntamientos para señalar que no conocen qué es lo que quieren los ciudadanos. "Llevo 10 años como alcaldesa de Écija y cuando se me acerca un vecino es para pedirme trabajo, no una prestación", ha apuntado.
Por su parte, la representante de Ciudadanos Virginia Millán, ha criticado la forma de hacer política de la formación morada, "rodeando el Congreso", mientras su partido consigue un acuerdo con el Ejecutivo para llevar a cabo un plan nacional de 5.600 millones de euros con diferentes medidas en esta materia.
Para Millán, Belarra no ha hecho un "estudio económico real" para presentar la moción lo que, según ha explicado, genera "cierta duda" en Ciudadanos sobre si esta medida se podrá llevar a cabo.
UNA SOLA MEDIDA "NO SERÁ SUFICIENTE"
Belarra sí ha tenido la posibilidad de negociar con los socialistas que presentaron una enmienda a su texto. En ella, llama a la formación morada a incluir más medidas contra la pobreza infantil ya que, a su juicio, la propuesta de aumentar la prestación por hijo a cargo es "importante y de impacto" pero "es sólo una" y "no será suficiente".
El diputado del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo ha señalado en su intervención que, para solucionar un problema como la pobreza infantil, son necesarias "medidas efectivas" y "transversales". Así, ha propuesto la subida del salario mínimo, el acceso a la Sanidad pública, a la educación o unos servicios sociales que dé respuestas rápidas, como iniciativas complementarias que se podrían incluir en la moción.
Del mismo modo, Unidos Podemos ha aceptado la enmienda presentada por PDeCAT, por la que se añade un nuevo punto en el que se pide al Ejecutivo que elabore un informe de análisis de los efectos e impactos de la aplicación de esta medida, tanto en la economía como en la natalidad. Exige que este documento esté listo en un plazo de 3 meses tras la aprobación de la iniciativa.
