Podemos pide prohibir toda violencia contra los menores por leve que sea, como bofetadas o azotes

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) - Unidos Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia que prohíbe toda forma de violencia contra los niños por leve que sea, como una bofetada o un azote, ante el "retraso" de la ley que está preparando el Gobierno. "Hemos visto que la ley se estaba retrasando, que los tiempos que está manejando el Gobierno es el segundo trimestre de 2019 por lo que sería imposible, por los tiempos de tramitación, tener una ley en esta legislatura", ha explicado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, este lunes 8 de octubre en un encuentro informativo con periodistas. Belarra ha indicado que ponen este texto "a disposición del Gobierno" para que trabaje sobre él y le instan a que registre la ley antes de que acabe 2018 porque "solo manejando estos tiempos sería posible tener una ley integral para final de legislatura". La proposición de ley de Unidos Podemos tiene como objetivo "cambiar el paradigma" y generar un "cambio cultural" de forma que la violencia contra los niños no sea tolerable "en ninguna medida" y que un "cachete" sea visto como "un fracaso del educador", al igual que la Ley de Violencia de Género creó también una tolerancia cero hacia el maltrato contra la mujer. "Ahora es impensable que alguien pueda decir que ha pegado un bofetón a su novia, a su chica o a su mujer, y en cambio esa misma afirmación trasladada a un niño o una niña no causa ningún tipo de impacto o no interpela a la persona que lo escucha", ha indicado la coordinadora del equipo que ha elaborado el texto, Violeta Assiego, experta en análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con los derechos humanos de colectivos vulnerables. Entre las medidas que incluye la ley, con un "enfoque de derechos humanos", destaca que la prescripción de los delitos de agresión sexual a menores empiece a computar a partir de que estos cumplan 30 años; el establecimiento de una figura de acompañamiento social que haga más amable el proceso judicial para el menor víctima de violencia; la extensión de la prueba preconstituida; o la creación de un comisionado que emule la figura del defensor del menor que hay en algunas comunidades y que sea elegido directamente por la ciudadanía. Asimismo, la norma establece la obligación de denunciar los casos de violencia contra los menores, la creación de un registro online de estos casos así como de una línea telefónica abierta 24 horas para atender a los niños que sufren violencia y la realización de investigaciones y encuestas, dando voz a los propios menores. También pide que los niños cuyas madres sufren maltrato sean considerados víctimas de violencia de género, haciendo referencia a las medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género. Belarra también ha puesto de relieve que la ley tiene transversalizado el enfoque de género, en coherencia con la ley de violencias sexuales que presentó Podemos hace unos meses en la que todo es considerado agresión porque se entiende que nunca hay consentimiento en el caso de los niños; y el enfoque de diversidad. Además, ha destacado el papel "central" que tiene dentro de la ley la lucha contra la violencia institucional. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso del centro de menores de Hortaleza, donde hay 130 niños durmiendo a pesar de que tiene capacidad para 35. "Nos parece que es una vulneración de derechos intolerable. Es la violencia más grave porque ¿dónde van los niños y niñas cuando la administración, que es la última responsable de la protección de sus derechos, no les protege?", ha planteado. Igualmente, en el texto hay un capítulo dedicado a la violencia en la escuela en el que se establece la necesidad de que los centros cuenten con protocolos de actuación y de ofrecer una formación específica y permanente al profesorado. También se dedica un artículo de la ley al procedimiento de determinación de la edad de los jóvenes migrantes, en el que se prohíben los desnudos integrales para la exploración de genitales y la repetición de pruebas radiológicas, en los casos en que el chico o chica no porte una documentación acreditativa de su identidad. En todo caso, si la porta, la norma establece que esta prevalecerá sobre los resultados de las pruebas. Atendiendo a las sanciones, han precisado que el Código Penal ya las establece y esta ley tendría una función más "pedagógica". "No se trataría tanto del endurecimiento de las penas sino de dejar claramente escrito que la violencia hacia los niños no es algo permisible", ha subrayado Belarra. Para la redacción del texto han consultado a algunas organizaciones que también han participado en el borrador en el que trabaja el Gobierno, según ha explicado Assiego. Según datos del Ministerio del Interior, durante el año 2017 se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra menores de edad y más de 4.500 menores de 0 a 17 años fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual. Se estima que un 85 por ciento de las agresiones sexuales no son denunciadas y que de los casos que entran en el sistema, un 70 por ciento nunca llega a juicio oral.

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