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Reclaman un protocolo de actuación que evite "irregularidades" y "vulneraciones de derechos" ante llegadas numerosas de migrantes
MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pide a los ministerios de Interior y Justicia que aclaren en qué situación jurídica se encuentran los inmigrantes llegados en pateras a Tarifa a mediados de agosto que aún siguen en el "centro especial" que la Policía habilitó en Algeciras para agilizar la tramitación de los expedientes.
Tal y como explicó en la Diputación Permanente del Congreso el diputado 'popular' Leopoldo Barreda de los Ríos, de los 1.409 migrantes llegados en 113 embarcaciones entre el 4 y el 12 de agosto, 168 seguían el 26 de agosto en ese "centro especial". Para la Abogacía, "teniendo en cuenta que su ingreso en dicho centro tuvo lugar al menos el día 12 de agosto, esta situación exige ser aclarada".
En este sentido, la Red Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunciaron a principios de semana que los inmigrantes estaban retenidos sin garantías, pues se había superado el plazo máximo de detención, 72 horas, sin que se les hubiera puesto a disposición judicial ni se les hubiera facilitado asistencia letrada.
La Abogacía explica que la petición de "habeas corpus" realizada para ellos por abogados y algunas ONG "ha sido desestimada" y recuerda que aunque "la Defensora del Pueblo entiende que éste no es un procedimiento eficaz, tampoco se aporta ningún otro que sea capaz de acabar con la situación de privación de libertad de las personas recluidas en el 'centro especial'".
"El Consejo de la Abogacía considera que la situación de tales personas exige la más urgente aclaración y en todo caso su inmediata puesta bajo la tutela judicial", dice la institución, para incidir en que ambos ministerios tienen que aclarar si los migrantes "se encuentran o no privados de libertad de deambulación".
A FALTA DE PROTOCOLO, "VULNERACIONES DE DERECHOS"
No es la única reclamación que hace el Consejo a raíz de la llegada de estas 1.400 personas entre el 4 y el 12 de agosto. Aunque alaba "la excelente labor y la solidaridad demostrada por la población, los abogados, las autoridades locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española y servicios sanitarios", dice que hace falta un protocolo que regule la respuesta en tipo de situaciones.
"En ausencia de unas normas claras y específicas, se provoca un importante número de irregularidades procedimentales, cuando no verdaderas vulneraciones de derechos con inapropiadas respuestas judiciales y políticas", señala el Consejo de la Abogacía Española.
Los abogados proponen "un protocolo especial de actuación a nivel administrativo, judicial, policial y sanitario" que sirva tanto para responder ante una llegada numerosa de migrantes a las costas como a un salto en grupo de las vallas de Ceuta y Melilla, y se ofrecen a colaborar con las instituciones para desarrollarlo.
Por su parte, se comprometen a elaborar uno específico para la actuación del Turno de Oficio en "supuestos excepcionales de llegadas irregulares masivas".
Además de esta ausencia de una guía de actuación, el CGAE pone de manifiesto "la falta de medios de algunos juzgados para atender estas circunstancias excepcionales, y la inexistencia de equipos especializados de protección individual".
"Entre los inmigrantes llegados en los últimos días existe un número cada vez mayor de personas que huyen de países en conflicto, y que por tanto deberían ser reconocidos como posibles refugiados e iniciarse con ellos los procedimientos de asilo correspondientes", señala.
En esta línea coinciden con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, que ha recomendado al Gobierno la redacción de un protocolo de actuación que permita dar una respuesta adecuada estos flujos mixtos, con una suerte de 'cribado' previo que permita identificar desde el momento de la llegada a los posibles refugiados y derivarles a un cauce adecuado a sus necesidades, según explican fuentes de la institución a Europa Press.
