MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una joven brasileña embarazada de alto riesgo lleva más de tres semanas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, donde fue conducida por los agentes de Policía Nacional que tras darle el alto en Murcia, descubrieron que pesaba sobre ella una orden de expulsión. Intentaron deportarla, pero un juez de guardia lo paralizó in extremis a petición de su abogado. Sin embargo, sigue en el CIE
Cuando fue detenida y trasladada al CIE no sabía que estaba embarazada, como adelanta eldiario.es. Fueron los dolores que empezó a sentir cuando ya se le había asignado un número de interna los que la llevaron al médico del centro y de allí, a un hospital público, donde se confirmó una gestación de 7 semanas y alto riesgo.
Su abogado, Antonio Jesús Simón, cuenta a Europa Press que llevaba tiempo peleando para que se levantase la orden de expulsión porque la joven vive desde hace varios años en España, --se había casado y separado de un español--. Hasta que ella le llamó desde el CIE de Madrid y le puso al corriente, iban a deportarla en cosa de 24 horas.
Solicitó al juzgado de guardia que evitase la expulsión y consiguió que la paralizase. En paralelo, otro letrado ha recurrido el internamiento, pero tal y como explican a Europa Press en Jefatura Superior de Policía de Madrid, la joven seguirá encerrada mientras ese juez no ordene lo contrario.
Los voluntarios de las ONG que la han estado visitando cuentan que la joven está en una situación muy delicada, tanto física como anímicamente. El padre del bebé que está gestando vive en Murcia y tampoco tiene permiso de residencia en España.
Ella tiene ya un hijo, que vive en Brasil, y su ultima gestación acabó en un aborto espontáneo. Ese hecho, sumado a que tiene 35 años, lleva tres en tratamiento antidepresivo y su embarazo de casi 8 semanas tiene complicaciones, llevaron a los obstetras del 12 de Octubre a dar un alta con condiciones: debe estar en reposo, bajo control ginecológico y con supervisión de un psiquiatra.
Estas fuentes humanitarias no tienen constancia de que estas prescripciones se estén respetando dentro de las paredes del CIE, cuyo Reglamento si bien no prohíbe la reclusión de embarazadas, sí recoge su derecho a recibir atención sanitaria especializada. Reclaman la puesta en libertad y consideran "incomprensible" que aún no se haya producido.
