La expulsión de gitanos en Francia tiene "elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia", según abogados españoles

   El Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales(Intermigra), integrado por abogados y especialistas en derecho españoles, ha denunciado este martes que la expulsión de gitanos llevada a cabo por Francia tiene "elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia".

   "Sorprende muy desfavorablemente que Francia, durante siglos considerada tierra de asilo, actúe con tan elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia", afirman en un artículo firmado por el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, y por el catedrático de Derecho Internacional Público, Ángel G. Chueca.

   Además, recogen que "llama la atención" que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que es inmigrante de segunda generación, sea el que tome una decisión de esas características.

   Para los juristas, el problema "tiene una dimensión europea y debe ser abordado desde ese enfoque global coordinado; pero ello no puede servir de excusa para el ilegal comportamiento del Estado francés". En este sentido, apuntan que la Unión Europea tiene un "sólido marco legal" para combatir la discriminación.

   Precisamente, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, acusan a Francia de violar gravemente las normas de la Unión Europea y las del Consejo de Europa. "Disfrazar las salidas como voluntarias apenas disimula un poco el carácter racista y xenófobo de la medida", agrega.

   Además, deja claro que la violación de los derechos se produce sea cual fuere su situación --irregular o legal-- porque, según añaden, "no se debe olvidar que contra la inmigración irregular no vale cualquier medida".

LIBRE CIRCULACIÓN

   Por otra parte, apuntan que la medida francesa también vulnera la libre circulación de ciudadanos de la Unión y la libertad de establecimiento de los mismo, así como de sus familiares en virtud de los tratados y de la carta de derechos europeos.

   "Lógicamente, al establecerse, estas personas han de cumplir las normas del Estado territorial; la violación de tales normas permite sin duda adoptar sanciones proporcionadas, pero no es una causa de expulsión, reservada para actuaciones que contraríen gravemente el orden público y la seguridad ciudadana, que en ningún caso justifican la expulsión masiva, siempre prohibida", concluyen.