Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 04/02/2010 18:17
La Fiscalía ha solicitado imponer siete años de cárcel para cada uno de los dos acusados de transportar a 27 inmigrantes, seis de ellos menores, a bordo de un cayuco hasta la zona conocida como el Charco del Palo, en la costa de Haría (Lanzarote).
La Audiencia de Las Palmas celebrará mañana en Arrecife el juicio contra B.J., natural de Marruecos, y M.I, natural de Mauritania, acusados de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
Según la Fiscalía, ambos procesados se valieron de sus conocimientos de navegación y "con una clara intención de introducir clandestinamente ciudadanos extranjeros en territorio español", patronearon en la noche del 19 de junio de 2009 una embarcación tipo cayuco, desde la costa de El Aaiún (Marruecos) hasta Lanzarote, que llegó a la deriva en la tarde del día 20 de junio, no siendo localizado motor alguno.
En la embarcación viajaban 27 inmigrantes, de los que seis resultaron ser menores de edad, todos indocumentados y que habían pagado previamente diversas cantidades de dinero entre 800 y 1.000 euros, antes de partir desde Marruecos. Los acusados se encargaban por turnos del motor, de la brújula, de la preparación y reparto de la comida y del mantenimiento del orden dentro del cayuco, según el escrito.
El Ministerio Público destaca que la referida embarcación era totalmente inadecuada para el transporte de personas en una travesía desde el continente africano hasta Canarias, carecía de las mínimas condiciones de seguridad, de algún instrumento que sirviera para comunicarse con el exterior en caso necesario, así como chalecos salvavidas para todos los viajeros o cualquier otro elemento que permitiera prevenir cualquier contingencia que pudiera presentarse, poniendo así en "grave peligro" la vida de sus ocupantes, al carecer de agua y comida suficiente.
Los acusados han estado privados de libertad por estos hechos desde el 23 de junio, señala la Fiscalía, que pide para cada uno de ellos siete años de prisión.