SOS Racismo y varios supervivientes presentan un recurso porque consideran que faltan pruebas y existen indicios de delito
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Rafael Lis, ha dictado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias abiertas en el caso de la patrullera de la Guardia Civil que en diciembre de 2012 arrolló a una patera frente a las costas de Lanzarote en un incidente que se saldó con seis personas desaparecidas y una fallecida.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido recurrido ya por once supervivientes y SOS Racismo, que está personada como acción popular desde el inicio de la causa. En el documento, firmado el 30 de septiembre y adelantado este martes por la cadena SER, el juez, que tacha el procedimiento de "farragoso y extraño", respalda la actuación de los guardias civiles porque "la mar no se somete ni a regulaciones ni a protocolos".
"No alcanzamos a comprender, si no es de la óptica del oportunismo político y mediático, como se puede sostener una postura acusatoria y de imputación de la tripulación de la patrullera 'Cabaleiro', dentro del marco de una operación de salvamento en las condiciones en las que la misma fue efectuada", dice Lis Estévez a modo de "consideraciones" previas al análisis de los hechos en el auto.
Según sus conclusiones, el procedimiento "enfoca el problema desde la más pura de las teorías relativas a la navegación, pero absolutamente desconectada de la realidad que impone el mar" ya que, afirma, "se invocan reglamentos" y protocolos de actuación que "se convierten en papel mojado ante las situaciones, que exceden cualquier normativa impuesta por el frío papel de la norma, cuando el mar impone su orden".
Con esta perspectiva, señala que "muchas de las consideraciones" de los escritos de acusación "contienen afirmaciones absolutamente alejadas de la realidad del que se encuentra a bordo de una embarcación y que en muchas ocasiones obliga, en salvaguarda de los derechos de las personas y del derecho a la vida en el mar, a tomar decisiones que se puedan apartar 'del protocolo' o de 'la regulación', en muchos casos arriesgados para todos los que intervienen en el suceso".
"IMPROCEDENTE CRIMINALIZAR" A LA GUARDIA CIVIL
"Por eso es absolutamente improcedente que se criminalicen como en este caso se hace, conductas de forma oportunista porque es, se diría, lo políticamente correcto, desde el momento en que choca frontalmente con el sentido común y una mínima consideración de racionalidad", asegura el juez en el auto.
A partir de estas consideraciones, las siete páginas con las que se archiva el procedimiento concluyen que "el impacto se produjo como consecuencia de la concurrencia de dos circunstancias, el que la patera al quedarse sin gobierno interceptara el rumbo que llevaba la patrullera y que esta por dificultades técnicas no hubiera podido evitar la colisión" en una zona, además, de cambios de profundidad con bajos y rompientes.
Sobre la patera, explica que "quien actuaba de patrón soltó la caña y se camufló entre los ocupantes", dejando descontrolada la fueraborda, un hecho "determinante para establecer si la colisión se produjo porque la patera en su rumbo errático se cruzó con el rumbo que llevaba la patrullera", plantea el juez.
En cuanto a la patrullera, reconoce probado que tenía "una avería en los deflectores del motor jet de babor", necesario para gobernar la embarcación, detectada al salir de puerto y que "no sólo impedía el correcto gobierno de la embarcación, sino que la misma quedaba imposibilitada" para invertir su propia inercia.
El juez explica que al navegar con el propulsor de babor bloqueado en la posición de 'avante', "la embarcación se encontraba en una situación de ciaboga permanente, debiendo corregir el rumbo, dificultosamente, a base de incrementar la potencia del propulsor de estribor, lo que provocaba que la embarcación fuera dificilmente controlable".
"CONSIDERACIONES POLÍTICAS"
"En esta situación de dificultad técnica es cuando, arrastrando las peores condiciones, se intenta rescatar a los ocupantes de la patera de una situación de riesgo más que segura, cuando se estaban aproximando a una zona de la costa escarpada y con bajos, con lo que la situación de peligro era incuestionablemente mayor, lo que justifica que la tripulación de la patrullera, al comprobar que la patera con la intención de alejarse del punto de la costa en el que fueron avistados, se introdujera en los bajos que fueron descritos", dice el auto.
Por todo ello, sentencia que "al margen de consideraciones políticas" que a su juicio "son las que mantienen vivo este procedimiento", "ninguna responsabilidad cabe imputar a quienes estaban al cargo del gobierno de la patrullera 'Cabaleiro', como se pretende derivar por las acusaciones sin tener en cuenta, como hubiera sido lo correcto, la concurrencia de la responsabilidad de quien gobernaba la patera para evitar la colisión".
CERRADO EL CASO POR INMIGRACIÓN ILEGAL
El su recurso, los once supervivientes y la Federal de SOS Racismo inciden en la importancia de contar con la documentación de la patrullera, que fue solicitada al Destacamento en Fuerteventura de la Guardia Civil y que no ha sido aún aportada, así como consideran que se debe tomar declaración al Cabo Patrón que gobernaba aquel día la patrullera.
"No corresponde a esta fase procesal resolver sobre la aplicabilidad de las normas, sino hacer cumplir las diligencias ordenadas y aquellas otras que se soliciten y sean idóneas para conocer los hechos investigados en toda la extensión relevante, a lo que el Juzgado ahora rehúsa, adelantando el sobreseimiento y archivo", afirman en el recurso, en el que inciden en que "existen indicios" de que la patrullera no estaba en labor de rescate y por eso, "excedió imprudentemente la velocidad mínima de seguridad y la precaución" que requería su avería.
Esta es una de las dos partes de aquel proceso. El pasado 16 de julio fueron condenados en la Audienia Provincial de Las Palmas tres supervivientes de la embarcación a quienes otros dos señalaron como patrones. Llevaban en la cárcel desde 2012 y finalmente, aceptaron los cargos, tres años de prisión por delitos de inmigración ilegal.
