Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/11/2009 14:13
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, alertó hoy de que "muchas de las más de 3.500 mujeres inmigrantes procedentes de países en los que se practica la mutilación genital femenina pueden sufrir la ablación del clítoris durante alguna de las visitas que realicen a su país".
Así, Navarro, quien inauguró hoy la jornada 'Por ser mujeres, conferencia para la erradicación de la mutilación genital femenina', organizada por la asociación Yocolamba Solidaridad, insistió en la "importancia" de que la población tengan conciencia de lo que significa la ablación del clítoris y que algunas de las adolescentes entre 4 y 14 años que proceden de alguno de los 28 países de África y Yemen en los que se lleva a cabo esta práctica "corren el riesgo ser víctimas de este fenómeno".
De hecho, apuntó "muchos de estos casos se detectan en revisiones ginecológicas en centros sanitarios". Por ello, hizo un llamamiento a la sociedad y, en especial, a las mujeres para "trabajar porque este fenómeno se conozca y se hable de ello, ya que, la mayor dificultad en la lucha contra la mutilación genital femenina es que en estos países es un tema tabú".
No obstante, afirmó que se trata de una práctica "difícil de erradicar porque, como otras costumbres ancestrales, están amparadas por la cultura de esos países y son realizada como rituales".
Además, subrayó que se trata de una práctica de "violencia de género y que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres", que, por otro lado, "llevan aparejadas consecuencias bárbaras en la salud por las circunstancias sanitarias en las que se realizan". Precisó que, actualmente, se están mutilando o corren el riesgo de serlo entre 100 y 140 millones de mujeres.
Por otro lado, recordó que en España, ante el incremento de población residente con personas procedentes de países en los que se ejercer la mutilación genital femenina, se han adoptado medidas en forma de protocolos, o medidas legislativas que la impidan.
Así, en España se aprobó la Ley Orgánica 3/2005 de 8 de julio para perseguir extraterritorialmente esta práctica, que, además, está tipificada como un delito en el Código Penal, con penas que oscilan entre los seis y 12 años de prisión, así como penas de inhabilitación especial de hasta diez años para el ejercicio de la potestad, la tutela o la guarda.
Además, existen protocolos de actuación dirigidos a profesionales de la salud ante la detección de posibles casos de mutilación genital femenina en niñas.