Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/11/2008 13:27
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Desde la puesta en funcionamiento el pasado 7 de abril del Sistema de Compromisos Voluntarios de Reducción de Emisiones, impulsado por el extinto Ministerio de Medio Ambiente en la pasada legislatura, tan solo dos empresas españolas se han adherido a este sistema y otra más prevé hacerlo antes de que finalice 2008, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), que dirige este proyecto.
En concreto, las dos empresas adheridas son Alsa (transportes), que cuenta con proyectos como la utilización de biodiésel en flotas de autocares, la adquisición autocares Euro V, un plan para la utilización de bioetanol y el traslado de aparcamientos de autobuses para reducir kilómetros en vacío; y Sol Meliá (turismo), que con el Proyecto SAVE pretende reducir las emisiones de CO2 y el consumo de agua en los 99 hoteles de la cadena adheridos al programa, con medidas de concienciación y formación, estandarización de sistemas y productos energéticamente eficientes.
Además, la empresa del sector de la construcción Ferrovial prevé adherirse a este sistema durante el próximo mes de diciembre. "Es un proyecto que tiene un ciclo de maduración largo, y se trata de una iniciativa de carácter voluntario", indicó a Europa Press el director del OSE, Luis Jiménez Herrero, que añadió que "es necesario que los sectores difusos que están fuera del marco normativo "arrimen el hombro" y comiencen a plantear medidas de carácter voluntario para reducir las emisiones de gases contaminantes.
OTRAS DIEZ COMPAÑÍAS INTERESADAS
"Si hay pocas empresas es porque están preparando sus proyectos y eso les cuesta su trabajo, su tiempo y su dinero", justificó, pero añadió que hay al menos diez empresas interesadas y que están presentando sus programas.
En ese sentido, adelantó que desde el OSE esperan que próximamente se adhieran "muchas empresas" de los sectores difusos como el transporte, el turismo, la agricultura, comercio y grandes superficies, instituciones y administraciones públicas o viviendas. Además, señaló que los sectores productivos, sometidos a la normativa del Protocolo de Kyoto también podrían participar en este sistema reduciendo emisiones en otros ámbitos de actuación que no sea su propia producción.
Sin embargo, Jiménez Herrero admitió que el proceso desde que una empresa manifiesta su intención de adherirse hasta que lo consigue "es lento" porque hay que verificar, estudiar sus métodos de cálculo de reducción de emisiones y analizar cómo se ha conseguido ese objetivo, antes de que se les otorgue la distinción de empresa adherida.
CONSEJO PROMOTOR
Por otra parte, explicó que otra de las iniciativas del Observatorio en la que ya están interesadas al menos 30 empresas, instituciones, administraciones públicas, fundaciones y colectivos sociales y empresariales es el Consejo Promotor del OSE, cuya constitución formal está prevista para los primeros meses de 2009.
Jiménez explicó que de éste saldrán proyectos de colaboración con empresas así como alianzas público-privadas de colaboración con las que las empresas puedan apostar por "estrategias de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa" e insistió en que cada vez más expresan su deseo de promocionar esquemas de solidaridad, de mejorar sus indicadores y "contribuir responsablemente en la lucha contra el cambio climático".
El fin de este proyecto, según su director, es que las empresas colaboren, aporten datos, recursos técnicos, que realicen proyectos conjuntos, seminarios de temas de interés y proyectos de investigación, entre otras iniciativas "que vayan surgiendo", no solo con recursos económicos sino con recursos tecnológicos, de información, con sus capacidades técnicas, con sus contactos y formas de trabajar, con información específica, con bases de datos y todo ello para "mejorar la gestión de conocimiento del desarrollo sostenible".