MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala la "idoneidad" del anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia, pero cree conveniente regular "de manera más clara" las consecuencias y medidas de protección de los menores hijos de víctimas de violencia de género o sujetos a su tutela o guardia y custodia.
Así lo señalan en el borrador sobre el anteproyecto redactado por los vocales de Álvaro Cuesta y Juan Manuel Fernández, que será remitido al resto de vocales para que realicen sus aportaciones antes de que sea debatido y votado el próximo 30 de septiembre.
Pese a que el texto del Gobierno merece para estos magistrados una "valoración global positiva", sin embargo, llaman la atención sobre varias cuestiones que, a su juicio, son susceptibles de mejora.
En cuanto a los hijos menores de víctimas de violencia machista, proponen más concreción en relación con la suspensión por el imputado de estos delitos del ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia y del régimen de visitas, comunicación y estancias respecto de los hijos e hijas o pupilos de la víctima, tanto cautelarmente, especialmente cuando se haya dictado una orden de protección, como definitivamente.
El borrador de informe aplaude la regulación expresa de la legitimación para promover acciones de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, aunque considera que "debería reconocerse legitimación al menor afectado por la medida", ya que consideran que el texto solo recoge su derecho a comunicarse con el Ministerio Fiscal para que éste promueva las acciones si lo considera oportuno.
Además, los vocales ponentes señalan que "debería introducirse el beneficio de justicia gratuita en favor del menor que, con independencia de su progenitor o tutor, desee hacer valer sus opiniones en los procesos en los que se ventilan cuestiones que les afecten".
En cuanto al permiso de residencia de los menores extranjeros, la propuesta de informe lamenta que la reforma planteada por el Gobierno obligue a la Administración a facilitar la documentación acreditativa de
situación de estos menores que se encuentren en España tutelados por una Entidad Pública solo cuando se haya acreditado la imposibilidad de su repatriación.
En opinión de los ponentes, ha de primarse la protección del menor, no existiendo impedimento para que no se tramite su permiso de residencia de manera inmediata, sin necesidad de acreditar otra circunstancia que su tutela por una Entidad Pública, pues la autorización de la residencia del
menor no constituye obstáculo para su reagrupación con su familia de
origen.
CAUTELAS SOBRE LA 'ADOPCIÓN ABIERTA'
Sobre la incorporación al ordenamiento jurídico español de la 'adopción abierta', que introduce este anteproyecto, que permite a los padres biológicos y los adoptivos comunicarse, manteniendo el adoptado relación con su familia de origen y, especialmente, con sus hermanos biológicos, los magistrados ponen en evidencia que "no existe consenso" sobre la idoneidad de este modelo.
Asimismo, en el borrador de este informe del CGPJ, los jueces añaden que el Gobierno no ha justificado su inclusión en la Ley, "más allá de su existencia en otros países", aunque reconocen que en determinados casos puede ser "una solución adecuada para el menor, en particular en el caso de adolescentes".
No obstante, los vocales consideran que "se ha de ser muy cauteloso" antes de acordar esta clase de adopción y recomiendan una regulación más detallada de la misma, que incorpore la previsión de que solo se constituirá si fuere conveniente al superior interés del menor.
