MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andalucía Acoge ha pedido "coherencia" al Gobierno de Pedro Sánchez en su postura sobre las devoluciones sumarias, al tiempo que le ha reclamado que ponga fin a esta práctica también conocida como 'devolución en caliente'.
Las devoluciones sumarias, que encontraron acomodo normativo en la Ley de Seguridad Ciudadana mediante la figura jurídica de nueva creación llamada 'rechazo en frontera', se refiere al acto de entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en el salto del vallado fronterizo que separa Ceuta y Melilla del país africano. Fue puesta en marcha 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente.
Desde la Federación, han acusado al Gobierno socialista de cambiar de criterio sobre este asunto y le han reclamado que ponga en práctica lo recogido en su programa electoral comprometiéndose con una "política justa en las fronteras".
EL GOBIERNO LAS DEFIENDE
Según ha avanzado el diario 'El País' este lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido mantener el recurso que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este tribunal condenó a España a indemnizar con 10.000 euros a dos personas que fueron devueltas a Marruecos tras entrar en España a través de la valla de Melilla, al considerar que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.
El Gobierno socialista va a mantener la decisión del Gobierno de Rajoy, que negó cualquier irregularidad en la expulsión, según sostiene El País, que ha tenido acceso al escrito que la Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal en el que mantiene los argumentos del anterior Gobierno para negar la irregularidad de estas expulsiones inmediatas.
Según este diario, desde la Abogacía apuntan que "no hay una expulsión sino una prevención de entrada". Además, recalca que los dos migrantes perpetraron "un ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo". También apunta que "no lograron superar la línea policial" y, por tanto, no entraron "en la jurisdicción española".
