MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Fundación Raíces ha denunciado este lunes, Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, la "completa indefensión" en que se encuentran los menores extranjeros que llegan a España sin compañía de un adulto y a quienes las distintas fiscalías someten a pruebas de determinación de la edad aún cuando portan documentos oficiales que acreditan su fecha de nacimiento, unos test cuya horquilla de resultados puede darles por adultos y dejarles así sin ninguna protección.
En un comunicado, afirma que este procedimiento de determinación de la edad liderado por la Fiscalía General de Estado, a través de las Fiscalías de Extranjería y Menores, "impide a los niños y niñas extranjeros que llegan solos a nuestro país, defender su minoría de edad y les abandona en la calle, a pesar de que los Cónsules y Embajadores de sus países, así como los jueces en España están reconociendo su condición de menores de edad".
La Fundación, que ha trabajado con más de un centenar de menores desde el año 2010 que se encontraban en esta situación, denuncia que la Fiscalía General del Estado Español "no da validez a los pasaportes y partidas de nacimiento que portan estos niños y niñas, provenientes de países africanos como Marruecos, Mali, Guinea Conakry o Costa de Marfil, a pesar de que esos documentos sean expedidos por sus Embajadas y Consulados".
En este sentido, recuerda que ya se han dictado 14 sentencias en las que los jueces han reconocido que cuando estos niños fueron declarados mayores de edad por la Fiscalía y expulsados del sistema de protección, eran menores de edad, tal y como decía la documentación oficial que portaban, y debían haber sido tutelados. Sin embargo, para cuando llegaron las sentencias los menores habían dejado de serlo.
Es lo que le ocurrió a Ángela, una niña de Malawi huérfana de padre y madre que viajó a España legalmente aprovechando una expedición organizada con motivo de la visita del Papa, en 2011, y que decidió no regresar a su país y pidió asilo. Tenía 16 años y ningún adulto que se hiciera cargo de ella, así que fue tutelada por la Comunidad de Madrid y trasladada a un centro de primera acogida.
"Ángela había llegado a nuestro país de manera regular, con pasaporte y visado Schengen emitido por la Embajada de Alemania en Malawi. Sin embargo, en cuanto tuvo que ser tutelada por la Administración Española, la Fiscalía, a pesar de ser una niña con pasaporte que acreditaba su identidad y edad, le realizó pruebas de determinación de edad y dictó un Decreto que le hacia mayor de edad, siendo expulsada del sistema de protección en diciembre de 2011, y abandonándola en la calle", denuncia Raíces.
La organización apoyó a la menor en una demanda contra la Fiscalía y la Comunidad de Madrid para que se reconociese la edad que constaba en su documentación oficial, pero la respuesta judicial no llegó hasta noviembre de 2014, cuando acababa de cumplir 18 años: La Audiencia Provincial de Madrid reconoció que era menor de edad en el momento en que la Administración la había expulsado del sistema.
"La situación de Ángela no es excepcional. Es la respuesta que España está dando a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país", denuncia Raíces, quien incide en que además, "no se adoptaron medidas cautelares de protección de esos niños y niñas en el transcurso de los procedimientos, provocándoles daños irreparables" y "poniendo en evidencia la falta absoluta de eficacia y efectividad de los recursos legales existentes".
"Cada día en España se vulnera la presunción de minoría de edad de todos estos niños y niñas, y se les discrimina con respecto al resto de niños y niñas que están en desamparo en nuestro país y, con respecto al resto de ciudadanos africanos a quienes, si son adultos o niños acompañados, no se les niega credibilidad de sus documentos, expedidos por los mismos Registros civiles y Oficinas Consulares", afirma.
La organización, que pide una reforma para acabar con ese procedimiento de determinación de la edad de niños con documentación en regla, dice que "además, se vulnera la tutela judicial efectiva, ya que se les niega la asistencia letrada y la posibilidad de un recurso jurisdiccional efectivo, a pesar de que las consecuencias sean tan graves como dejarles en las calles con el peligro que esto supone para su integridad y desarrollo físico, psíquico y emocional".
Fundación Raíces recuerda que todos los grupos parlamentarios menos el PP aprobaron una Proposición No de Ley el pasado 26 de octubre instando al Ejecutivo a tomar medidas en este sentido para "garantizar que ningún niño que porte documentación que acredite su minoría de edad es sometido a pruebas de determinación de la edad", en línea con las recomendaciones que han elevado, entre otros, el Defensor del Pueblo o el Consejo General de la Abogacía en España.
