MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha publicado un informe sobre la realidad de los 10 millones de personas en el mundo que son apátridas, es decir, que carecen de un país que les reconozca como nacionales. Estas personas, el 75% de las cuales pertenece a minorías como los rohingyas, los karanes, los romaníes, los pembas o los makondes están abocadas a la exclusión, la humillación, la persecución y la pobreza sin un Estado que les defienda.
Del cómo nace un apátrida, el informe es claro: La discriminación basada en la etnia, la raza, la religión o la lengua es una causa recurrente de apatridia en el mundo. En algunos casos, esta exclusión de derechos fundamentales está establecida por ley, pues al menos 20 países mantienen leyes de nacionalidad que permiten retirarla o denegarla por motivos como estos y a veces, de forma masiva y hereditaria.
Por eso, los principales damnificados son descendientes de migrantes que llegaron a un territorio voluntaria o forzosamente antes de que ese lugar alcanzara la independencia, pero también poblaciones nómadas con vínculos en uno o más países y grupos que simplemente, son discriminados aunque llevan generaciones viviendo en el mismo lugar porque así lo impone un gobierno.
Un ejemplo es el de los rohingyas musulmanes de Myanmar, el mayor grupo apátrida conocido del mundo. No figuran en la lista de "grupos étnicos nacionales" que, según la Ley de Ciudadanía de 1982, adquieren automáticamente la nacionalidad al nacer, de modo que no acceden a ella.
No son los únicos. El ACNUR entrevistó entre mayo y junio de este año a más de 120 personas en tres países que se encontraban en esta situación o a punto de estarlo y que describieron "las humillaciones y el sufrimiento cotidianos" que padecían por características inherentes a su identidad. Pertenecían a grupos de karanes de Madagascar, romaníes y otras minorías étnicas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, a los pembas y a los makondes de Kenia.
Según explicaron, la primera consecuencia de la apatridia es la exclusión. Estar fuera del sistema administrativo de un país implica no tener acceso a todos los servicios que ofrece, desde la educación y la sanidad hasta la justicia, el empleo, la libertad de circulación o el derecho al voto. También ven restringido su acceso a la documentación y así, a la propiedad, lo que les aboca a la pobreza. "Crea una brecha entre la comunidad local y los grupos afectados, agravando su sensación de ser intrusos: de no pertenecer nunca a un lugar", dice el informe.
ABUSOS POLICIALES
En todos los casos, eran personas que vivían con miedo por su integridad y su seguridad físicas a causa de su apatridia. Algunas habían sufrido personalmente persecución, otras señalaban directamente a la policía y hablaban actuaciones "dirigidas deliberadamente contra ellas", como detenciones por documentos imposibles de conseguir, pago de sobornos o intentos de expulsión a un país que quizá ni conocían.
"[La policía] sabe lo que hacemos, adónde vamos. Nos piden el documento de identidad, cuando decimos que no tenemos, nos detienen y nos pegan", dice el joven romaní Ajnur Demir, 26 años, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el informe.
El ACNUR incide en que "ser criminalizados por una situación que no pueden resolver ha dejado cicatrices psicológicas y una sensación de vulnerabilidad a muchos". "A algunos, la imposibilidad de obtener siquiera un alojamiento permanente o de tener propiedades o bienes fundamentales para su subsistencia les ha dejado en una situación de precariedad y preocupación extrema. Todos los padres expresaron una profunda desesperación por no tener la capacidad de cambiar el futuro de sus hijos", reza el informe.
En este sentido, destaca que los apátridas suelen tener restringido el acceso a la documentación básica de cualquier ciudadano e incluso a los papeles necesarios para obtenerla, como una partida de nacimiento, ya sea por una "negativa arbitraria" a proporcionársela, ya sea por "trato hostil o explotación" por parte de las autoridades que los expiden.
"EL MAYOR PROBLEMA ES LA POBREZA"
Para Shaame Hamisi, que tiene 55 años y pertenece a la comunidad pemba, en Kenia, "el mayor problema es la pobreza". "Un apátrida no puede tener propiedades. Me siento menospreciado y avergonzado por la situación en la que estoy", explicó al personal de ACNUR.
Sin documentación no se puede acceder a un empleo legal o sostenible ni a un préstamo o una licencia. El informe advierte de que estas personas se pueden quedar a merced de quienes aprovechándose de su vulnerabilidad, imponen condiciones laborales de explotación. Los hay que recurren a inscribir sus bienes a nombre de algún conocido para poder mantener a sus familias, con la inseguridad que eso conlleva.
Sobre la discriminación, el trabajo concluye que las actitudes de este tipo hacia los apátridas "son evidentes en sus interacciones con las autoridades y con sus compatriotas". "Informan de que la discriminación degrada sus comunidades al impedir que se les vea como seres humanos iguales que merecen los mismos derechos y el mismo respeto", afirma.
El ACNUR recopila algunas de las frases más repetidas por estas personas en las entrevistas para ilustrar cómo se sienten: "Esta es nuestra patria. Amamos a nuestro país. Necesitamos las condiciones para poder vivir aquí. ¿Por qué nos tratan como a extranjeros e incluso nos piden que solicitemos un visado para quedarnos en nuestra casa? En los demás lugares somos extranjeros. Aquí estamos en casa", afirman.
INSCRIBIR A LOS NIÑOS
Para el Alto Comisionado, que mantiene desde 2014 la campaña 'I Belong' con el objetivo de erradicar la apatridia, la solución pasa por conseguir que todos los Estados faciliten la naturalización o la confirmación de la nacionalidad de los grupos minoritarios apátridas residentes en el territorio siempre que hayan nacido o residido allí antes de una fecha determinada o que sus padres o abuelos cumplan estos criterios.
Otra medida sería permitir que los niños obtengan la nacionalidad del país en el que han nacido si de lo contrario serían apátridas, eliminar las leyes y prácticas que deniegan la nacionalidad o privan a las personas de ella por razones discriminatorias como la raza, la etnia, la religión o la condición de minoría lingüística; garantizar la inscripción universal de nacimientos y eliminar los obstáculos procesales y prácticos para la emisión de documentación de nacionalidad a quienes tengan derecho a ella.
