MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha exigido "acabar ya con la genérica criminalización del migrante sin papeles" y recuerda que los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no puden ser centros penitenciarios, pese a que su regulación "establece unas restriciones de derechos y un régimen interno muy similar al de un centro penitenciario".
La organización ha hecho hincapié en que la detención de inmigrantes que han entrado de forma irregular en España constituye "una medida cautelar limitadora de un derecho fundamental como es el de la libertad" y se muestra partidaria de alternativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros "más respetuosas con los Derechos Fundamentales".
Entre estas señalan la opción de crear pisos tutelados o regímenes de acogimiento a través de asociaciones y organizaciones que tengan legalmente reconocidos entre sus fines la protección de las personas migrantes, para evitar el internamiento de los inmigrantes irregulares.
UPF ha puntualizado que se trata de "personas que han incurrido en una infracción de naturaleza administrativa" recogida en la Ley Orgánica de Derechos y libertades de los extranjeros en España, por lo que considera que no deben ser "criminalizados", y subraya que las condiciones actuales de los CIE "tienen un régimen interno muy similar al de un centro penitenciario".
"Queremos recordar, asimismo, la necesidad de asegurar, de manera real y efectiva, a los extranjeros internados el disfrute de los derechos contemplados en el artículo 62 bis de la Ley de Extranjería --especialmente aquellos relacionados con la vida, integridad, salud y asistencia sanitaria-- así como garantizar que los centros cumplan con requisitos de habitabilidad respetuosos con la dignidad del ser humano, dotándolos de los medios necesarios y de personal cualificado, no siendo admisible el mantenimiento de centros de internamiento que no cumplan con dichos requisitos", reivindica.
Los fiscales de la organización hacen hincapié en que "la garantía y el respeto a los derechos fundamentales debe exigirse siempre" y de forma independiente al "origen o condición de la persona". "La dignidad humana siempre debe prevalecer y nunca condicionarse a su situación administrativa", concluyen.
