Foto: GUARDIA CIVIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Componentes del Seprona han procedido a la imputación de la dueña de una protectora de animales por un supuesto delito de maltrato animal al poseer en su propiedad varios perros en condiciones inadecuadas, siendo la misma encargada de otra perrera en la que también se intervino el pasado 7 de agosto en el barrio de Los Estancos, en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Según una nota de la Benemérita, en la perrera había quince perros, doce adultos y tres cachorros, que han quedado a cargo de una protectora de animales del municipio de Arrecife, en la isla de Lanzarote.
Los hechos se produjeron el pasado 11 de agosto, cuando el Seprona y la veterinaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario inspeccionaron las instalaciones de una protectora de animales ubicada en la localidad de Puerto Lajas. Las pesquisas se iniciaron a raíz de una intervención anterior que se había realizado en otras instalaciones de la misma protectora de animales.
Durante la inspección, el Seprona comprobó que las instalaciones y las condiciones higiénicas no eran las adecuadas, por lo que se procedió a la retirada de los perros por un presunto delito de maltrato animal, que puede conllevar penas que van desde los tres meses a im año de prisión, así como una inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Paralelamente se comprobará, mediante la base de datos ZOOCAN (Registro Canario de Identificación Animal), las identificaciones de los animales incautados mediante los preceptivos microchips, para averiguar si sus legítimos dueños han presentado las correspondientes denuncias por su sustracción o desaparición.
En el caso de que los propietarios hayan denunciado, se procederá a contactar con los mismos para que retiren el animal, en el caso contrario, serán denunciados a la correspondiente legislación, en este caso a la Ley autonómica de Canarias 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Del resultado de las investigaciones se ha realizado el pertinente atestado policial para el Juzgado de Instrucción competente, de la localidad de Puerto del Rosario, y para la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.
