Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/09/2010 15:15
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, defenderá en el próximo pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa en la que plantea la suspensión de los derribos "indiscriminados" en los núcleos urbanos del litoral canario por la acción de la dirección general de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).
En una nota de prensa, la diputada popular hizo hincapié en que hay que garantizar la seguridad y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan en las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.
Asimismo, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular exige que se suspenda la acción ejecutiva de la Dirección General de Costas contra estas áreas urbanas costeras mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia, y la renuncia por parte de la citada Dirección General a cualquier acción ejecutiva contra estos núcleos sin alcanzar previamente un acuerdo de consenso con todas las administraciones públicas canarias (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias).
Para Cristina Tavío, "las áreas urbanas costeras de Canarias representan no sólo zonas de interés etnográfico, arquitectónico y cultural, sino comunidades reales de hombres y mujeres reales que viven y conviven en ellas y que albergan actividades económicas y turísticas dignas de respeto y protección".
"La terquedad y el exceso de celo del Gobierno de España con su negativa implícita a asumir las competencias urbanísticas conferidas a nuestra Comunidad Autónoma a la hora de establecer cuáles son los suelos consolidados anteriores a la Ley, ha conducido a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre", recalcó la parlamentaria, para añadir que "esa aplicación ciega y deshumanizada de la Ley de Costas, ha empujado a un colectivo de familias afectadas a declarar una huelga de hambre en defensa de sus viviendas que pone en riesgo su vida".
"Urge, por tanto, una moratoria en la pretensión del Gobierno de España de proceder al desalojo y derribo de viviendas y establecimientos comerciales sitos en los núcleos costeros de las siete islas de la Comunidad autónoma de Canarias", concluyó.