Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 22/07/2009 16:46
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pidió hoy que los órganos judiciales investiguen "hasta el final" la responsabilidad de los menores de 14 años en delitos como la agresión sexual aunque sean inimputables según la vigente Ley del Menor, a colación de las presuntas violaciones múltiples cometidas contra dos menores de 14 años en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva).
En declaraciones a los periodistas, el Defensor insistió en la importancia de que los juzgados, aún prevaleciendo la presunción de inocencia, investiguen "hasta el final" la implicación de los jóvenes menores de 14 años en la posible comisión de delitos, ya que, según apuntó, a veces, el hecho de que sean "inimputables" hace que los órganos judiciales "no sigan investigando".
Asimismo, Chamizo rechazó que se realice un reforma de la Ley del Menor "en caliente" atendiendo a la rebaja de la edad de responsabilidad penal, ya que esta posibilidad precisa de una reflexión "más seria, rigurosa y con calma" que cuente con datos estadísticos sobre el número de menores de 14 años han cometido un delito en los últimos años, "algo complejo que está por estudiar, porque ni los juzgados tienen por qué tenerlo registrado".
Además, incidió en que la rebaja de la edad penal "no resuelve los problemas que originan este tipo de comportamientos", que responden a causas "mucho más profundas como el deterioro moral de la sociedad y la pérdida de valores que se ha producido en los últimos años de crecimiento económico, en los que se nos ha olvidado crece como personas".
"Esta pérdida de valores en los adultos se ha trasladado a los más jóvenes, aunque esto tampoco significa que se pueda eximir de responsabilidad a los menores de lo que hacen", afirmó, resaltando la importancia de que se obligue a los jóvenes a asumir pequeñas cargas de responsabilidad en estos años para que sean capaces de afrontar otras de mayor entidad a lo largo de su vida.
No obstante, se mostró partidario de que estos jóvenes, mientras que el poder político reflexiona sobre esta posible reforma, "no queden impunes si se demuestra su culpabilidad". De este modo, abogó por un tratamiento terapeútico del menor y su familia si el delito cometido no es muy grave, así como por su inserción en un centro para menores con trastorno de conducta o del comportamiento de demostrarse su implicación en delitos de mayor envergadura, destacando que "lo peor que puede pasar es que el menor se quede en su casa como si no hubiera pasado nada".
-. Firma: ALJ/CHV .-