MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha pedido a las administraciones que derriben el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería) sea cuál sea el fallo del Tribunal Supremo sobre si los terrenos son o no urbanizables, que está previsto que se conozca durante el mes de septiembre. Así lo han explicado la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, y el abogado José ignacio Domínguez, durante la presentación del estudio 'El Algarrobico: Un informe sobre el despropósito empresarial y judicial del hotel'.
El Alto Tribunal tiene que resolver sobre el recurso interpuesto por Greenpeace contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo de 2014 calificó los terrenos como urbanizables.
De este modo, el TS resolverá si los terrenos donde está ubicado el hotel de El Algarrobico son urbanizables o no y si son propiedad de la Junta de Andalucía. No obstante, independientemente de cuál sea el fallo, Greenpeace manifiesta que el hotel ya es ilegal porque incumple la Ley de Costas, puesto que está dentro de los 100 metros de playa que la ley establece como no construibles. A esta situación, la ONG añade que el hotel está situado en una zona protegida, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Domínguez recuerda que ya existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que avalan el incumplimiento de la Ley de Costas y que, de hecho, en 2012 este tribunal denegó a la promotora Azata del Sol ser indemnizada ante la decisión de demoler la construcción, puesto que la empresa solicitaba 70 millones de euros.
El Tribunal Supremo también debe resolver sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol contra el derecho de retracto de la Junta de Andalucía para apropiarse de estos terrenos, según ha explicado el abogado de Greenpeace. Domínguez considera que el consistorio actúa como "parte interesada en el proyecto" y va "de la mano" de Azata, a la que también acusa de estar detrás de "otros casos de vulnerabilidad ambiental y urbanística".
Sólo en el caso de que el Supremo acordara que los terrenos son urbanizables y que no son propiedad de la Junta de Andalucía la promotora podría constinuar construyendo el hotel, según ha explicado Domínguez. En cualquier caso, Marcos ha manifestado que la organización se muetra positiva ante el fallo del Supremo y tiene la esperanza de que se derribe porque existen leyes ambientales y éstas están por encima de las urbanísticas. Además, ha señalado que la Administración "tiene argumentos suficientes" para ello.
Sin embargo, Domínguez ha precisado que, aunque la Junta se comprometió a demolerlo en 2014, "no ha dejado de mostrar un doble comportamiento" es este caso, ya que hasta hace poco ha apoyado en los juzgados la legalidad del hotel mientras que ante el público manifestaba su intención de demolerlo.
Además, ha recordado que Greenpeace también ha recurrido al Tribunal Constitucional el hecho de que la licencia de obras haya sido considerada por el TSJA como legal en julio de 2014 sosteniendo que es conforme al planteamiento urbanístico de Carboneras.
400 EMPLEOS EN LA DEMOLICIÓN
Respecto a la demolición, la responsable de la campaña de costas ha indicado que se llevaría a cabo durante 18 meses y costaría 7 millones de euros creando unos 400 empleos para el entorno del levante almeriense y de la provincia. Asimismo, ha destacado que se reciclaría el 98 por ciento de los materiales del edificio y se podría aprovechar para hacer pruebas, previas a su demolición, de fenómenos sísmicos e incendios.
Por otro lado, Marcos ha detallado el informe que Greenpeace ha elaborado y que, a juicio de la organización, desvela el "turbio" historial de la promotora Azata del Sol. En él, le acusa de ocho casos en los que ha "ignorado" las leyes.
Concretamente, se refiere a un proyecto para construir un centro comercial en La Lobilla (Estepona), que se modificó para evitar que afectara a una zona protegida; a un plan para construir más de 200 chalés talando un bosque de 1.500 encinas en Boadilla del Monte (Madrid); al alquiler de unas naves vinculadas al propietario de Azata por parte del Ayuntamiento de Madrid por 50.000 euros al mes; a la construcción de un hotel en un conjunto de arroyos y humedales que ha "modificado el PGOU de Rota (Cádiz)"; a su vinculación del propietario de Azota como socio en el caso Malaya de Marbella (Málaga); a los planes para un polígono industrial cambiando un suelo para VPO en Tarifa (Cádiz); a la construcción de un complejo residencial de lujo frente a Zahara de los Atunes con "un gran impacto social y ambiental"; y a la vinculación de la empresa con operaciones de cambio de suelo de la trama Gürtel en Majadahonda (Madrid).
