Los ataques a las mujeres se consideran "un problema grave y extendido en todas las esferas de la vida"
MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que estudia los Derechos Humanos de las mujeres ha denunciado este lunes la situación de la población femenina de Perú y ha pedido al Gobierno de Ollanta Humala que ponga en marcha medidas más efectivas para acabar con la discriminación, la violencia y el machismo.
Frances Raday y Alda Facio, dos expertas de este Grupo de Trabajo, han reconocido los esfuerzos que ha hecho Perú en la última década y que han llevado al país a "un rápido y sostenido crecimiento económico y a la reducción de la pobreza". Sin embargo, han incidido en que todavía queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a los Derechos Humanos y, en particular, a los derechos de las mujeres.
"Cerca del 78 por ciento de las mujeres trabajadoras están en trabajos informales, sin seguridad social, sin bajas anuales, sin bajas de maternidad o periodos de lactancia y sin una cobertura sanitaria ni pensiones ocupacionales", han señalado. Las mujeres más afectadas son las que pertenecen a las clases más bajas de la sociedad, que suelen dedicarse al trabajo doméstico, a la exportación agrícola o a la industria artesanal. Estas trabajadoras tienen, por ley, menos derechos en lo que respecta al salario mínimo y a las horas de trabajo, según destacan desde el Grupo de Trabajo de la ONU en su comunicado.
"Las mujeres nos han dicho que estas industrias han provocado un aumento de la violencia sexual y del tráfico de chicas y ven cómo dañan su patrimonio cultural", han denunciado los expertos. Los ataques a las mujeres, ya sean físicos o sexuales, se consideran "un problema grave y extendido en todas las esferas de la vida", aunque no suponen una "prioridad" para las autoridades.
Además, las mujeres sufren sus problemas en silencio y soledad ya que recurrir a la ayuda de la Justicia las "estigmatiza" y las convierte en víctimas "en todos los aspectos". Por otro lado, la asistencia judicial es inaccesible para la mayoría puesto que tienen que asumir los costes y no están familiarizadas con sus derechos. Las mujeres peruanas tampoco confían en la Justicia ni en la Policía.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo ha pedido al Gobierno peruano que investigue los crímenes cometidos contra las mujeres entre 1980 y 2000. También les han recomendado que combata el racismo y los estereotipos contra las indígenas, las campesinas y las afroperuanas.
EMBARAZOS JUVENILES Y DERECHO REPRODUCTIVO
Los expertos del Grupo de Trabajo han incidido en las altas tasas de embarazos juveniles como consecuencia de la falta de acceso a los métodos anticonceptivos. "Los jóvenes no pueden obtener métodos anticonceptivos si no van acompañados por un supervisor", han comentado, y han pedido al Gobierno que "asegure la educación sexual desde una edad temprana en todos los colegios y el acceso a los anticonceptivos para evitar los embarazos juveniles y evitar los abortos inseguros e ilegales".
La legislación peruana contempla el derecho a la contracepción, aunque no siempre es viable. De hecho, el Tribunal Constitucional ha prohibido la contracepción de emergencia en la salud pública.
Raday y Facio también han recordado que en la década de los 90 el Gobierno recurrió a la esterilización forzosa de las mujeres pobres como medio de control de la natalidad. Cerca de dos décadas después, estas mujeres no han recibido ninguna disculpa ni compensación.
El Grupo de Trabajo ha pasado nueve días en Perú y se ha reunido con las autoridades del Gobierno en Lima y Ayacucho, así como con representantes de la sociedad civil y con entidades de Naciones Unidas. Las conclusiones y recomendaciones se presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2015.
