Actualizado 04/05/2009 19:27

La Policía desarticula en Murcia una trama dedicada a elaborar y vender contratos fraudulentos a inmigrantes

MURCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han desmantelado una red dedicada presuntamente a la elaboración de contratos de trabajo fraudulentos, que vendían a inmigrantes por cantidades que oscilaban entre 500 y 2.000 euros y que les servían para conseguir los permisos de residencia y trabajo en España, así como para traer personas desde sus países de origen.

Como resultado de la operación, los agentes detuvieron el pasado 22 de abril al máximo responsable del grupo, J.G.J.G., junto con siete personas más, todas ellas de nacionalidad marroquí, que colaboraban presuntamente en la tramitación de los documentos o en la captación de clientes.

A todos ellos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Murcia.

Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año, a partir de la constatación de una serie de irregularidades en determinados expedientes de tramitación de permisos de residencia y trabajo, que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que se dedicaba a vender contratos de trabajo fraudulentos a inmigrantes a cambio de importantes cantidades de dinero, según informaron fuentes del citado cuerpo en un comunicado.

Tras llevar a cabo las oportunas gestiones, la Policía comprobó que J.G.J.G., vecino de Alcantarilla de 44 años de edad y nacionalidad española, había puesto en marcha una trama dedicada a captar a ciudadanos extranjeros en situación irregular, con el objeto de ofrecerles falsos contratos de trabajo, que pudieran ser usadas por estos para conseguir los permisos de residencia y trabajo en España.

Los agentes averiguaron que J.G.J.G. disponía de una red de colaboradores, formada en su mayor parte por inmigrantes marroquíes, que se encargaban de contactar con otros extranjeros que desearan regularizar su situación administrativa y les ofrecían la elaboración de un contrato de trabajo, a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y los 2.000 euros. En ocasiones, las ofertas de trabajo se utilizaban presuntamente para traer personas desde sus países de origen, avalados por estas propuestas de contratación.

Para llevar a cabo estos contratos, utilizaban los datos de empresas ficticias, cuyo objetivo no era otro que el de servir de justificación para los contratos de trabajo, pero que en realidad eran simplemente la cobertura de las actividades fraudulentas del grupo, ya que no ejercían actividad alguna y ni siquiera disponían de sedes o instalaciones.

Además, los agentes advirtieron que la trama utilizaba los servicios de diferentes asesorías que, ajenas a los propósitos de los investigados, se encargaban de tramitar la documentación que estos les confiaban con el objetivo de "ofrecer una imagen de credibilidad y justificar ante sus clientes cierta complejidad en los trámites realizados en su favor".

Especialmente, los presuntos delincuentes perseguían por esta vía el alta en la Seguridad Social de los clientes de la trama y, por este procedimiento, se han detectado hasta el momento un total de 21 solicitudes, presentadas ante la Oficina de Extranjeros y respaldadas por empresas ficticias del tipo anteriormente detallado.

Además, los agentes comprobaron que, en ninguno de estos casos, los titulares de los contratos de trabajo han desarrollado actividad laboral alguna en las empresas, ni conocen siquiera la ubicación de las sedes o instalaciones de las mismas.

Más adelante, J.G.J.G., pasó a ofrecer presuntamente a sus clientes un servicio más completo, que incluía la elaboración de la oferta de trabajo y la tramitación administrativa posterior de los permisos correspondientes ante la posibilidad de que la gran cantidad de solicitudes de residencia presentadas ante las oficinas administrativas, pudiera llamar la atención sobre la actividad desarrollada, pero sin renunciar al lucrativo negocio.

Para otorgar credibilidad a su gestión, y como justificante de los trámites realizados, los agentes comprobaron que la trama devolvía a los clientes la documentación relativa a las supuestas solicitudes realizadas, en las que se incluían sellos de la Oficina de Extranjeros elaborados de forma fraudulenta por medios fotomecánicos, con la finalidad de simular una tramitación que en ningún caso se produjo.

Se estima que por este procedimiento se ha llegado a estafar a un importante numero de personas, dada la gran actividad demostrada por el supuesto empresario y las ramificaciones de la trama existentes en localidades como Mazarrón, Alhama de Murcia, Fuente Álamo o Patiño, entre otras.

Durante el operativo, la Policía se intervino numerosas ofertas de trabajo espurias a nombre de las empresas utilizadas por la trama, solicitudes de autorización de residencia con sellos de registro de entrada falsificados, y gran cantidad de nóminas a nombre de trabajadores, dados de alta en la Seguridad Social, pero que nunca han prestado servicios para las mencionadas empresas.