Publicado 23/01/2015 18:55

Sanidad concretará "la fórmula" para restringir el voluntariado a personas con antecedentes en el Reglamento de la ley

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El anteproyecto de Ley de Voluntariado aprobado este viernes por el Consejo de Ministros contempla la prohibición de que personas con antecedentes penales por pederastia, violencia de género o violencia doméstica ejerzan voluntariado en áreas relacionadas con menores, jóvenes, mujeres o familias, pero no dice cómo. "La fórmula" se contemplará en el Reglamento de la Ley.

   Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press la directora general de Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher; para incidir en la importancia de encontrar un sistema que permita armonizar la protección de los destinatarios de la actividad de voluntariado con los derechos de la persona afectada.

   "En las disposiciones adicionales del anteproyecto se establece que deberá existir un desarrollo reglamentario, así que tanto esta cuestión como otras deberán ser precisadas a posteriori, tras un diálogo con las entidades sociales", ha señalado.

   Según ha apuntado, "hay distintas fórmulas que se pueden articular", como dar la potestar a la entidad que ofrece el servicio de voluntariado para exigir a los candidatos un certificado de antecedentes penales o permitirles de algún modo acceder a estos archivos. "Lo importante es encontrar la fórmula adecuada que respetando el principio general que pretendemos, garantice los derechos tanto de las personas destinatarias como de los voluntarios", señala.

   El anteproyecto contempla en su artículo 6 que no podrán desempeñar estas tareas las personas con sentencia firme por "atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la indeminidad sexual" del cónyuge o de sus hijos, así como tampoco los condenados por delitos relacionados con el abuso de menores, pero conforme ha adelantado tras el Consejo de Ministros el propio titular de Sanidad, Alfonso Alonso, podría extenderse a otros campos, como el terrorismo.

   En este sentido, Adroher señala que "por no ser un delito contra estas sino contra terceras personas, habría que introducirlo como otro supuesto distinto" y plantea que la incorporación podría producirse durante el trámite de informes, a fin de que el texto llegase al Parlamento ya con esta nueva redacción. Confía en que dé tiempo a todo en esta Legislatura y dice que "si hay voluntad política, y la hay", estará en vigor antes de que termine.

INCORPORAR EL TERRORISMO

   "Es previsible que en la fase de informes se pueda incorporar alguna otra previsión que impida que personas que han cometido determinados delitos puedan ser voluntarias en entidades que les pongan en relación directa con las personas o materias con las que están relacionados sus antecedentes", añade Adroher.

   En todo caso, la responsable de Familia e Infancia incide en que se trata de un compromiso adquirido por España al ratificar en 2010 el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, que impone la necesidad de apartar de cualquier actividad con menores de edad a aquellos que hayan sido condenados por abusos, tal y como recogen ya los anteproyectos de Protección de la Infancia que el mismo ministerio ha redactado.

   "Es una una previsión que era necesario incorporar tanto a nivel de voluntariado como para los profesionales dada la reincidencia y el peligro cierto que conlleva primero para los menores, pero también para ellos por haber estado implicados en estos delitos", plantea.

   En el caso de la violencia de género, "se va más allá" en estas restricciones del convenio europeo y se atiende a las recomendaciones de las organizaciones especializadas en este ámbito, que habían solicitado la introducción de estas restricciones.

"UN RIESGO QUE NO NOS PODEMOS PERMITIR"

   Para Adroher, no se conculca con estas restricciones el principio de reinserción social que inspira el sistema penal español, porque "se trata de compatibilizar dos cosas, la importancia que tiene que toda persona a pesar de su pasado y sus antecedentes se incorpore a la sociedad de forma positiva y el hecho de no ponerle en el disparadero al situarle en relación con personas o situaciones que tengan que ver con esos antecedentes y que puedan generar algún riesgo que una sociedad no se puede permitir".

   "Es evidente que una persona que ha sido pederasta y ha cometido delitos contra la libertad sexual de los menores puede hacer un voluntariado medioambiental y probablemente sea una medida de reinseción muy positiva y para devolver a la sociedad lo que esta sociedad espera de él, pero no parece razonable ni deseable e incluso el propio convenio así lo indica, que una persona que ha cometido estos delitos haga voluntariado con niños", ha sentenciado.

   En su opinión, este es uno de los grandes cambios que introducirá la nueva legislación, que pone el foco en los destinatarios de la acción voluntaria e introduce "garantías" para que en todo caso, se respeten sus derechos. "En este caso de un menor de edad que participa en un equipo deportivo o que está ingresado en protección de menores, tenemos que garantizar que el voluntario que le presta atención no va a poner en riesgo sus derechos", añade.