OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del Principado, la Delegación del Gobierno en Asturias y el Ayuntamiento de Soto del Barco convocan este sábado, a las 12.00 horas, una concentración delante del Consistorio para expresar la "más enérgica repulsa y profunda consternación" por el asesinato de dos niñas de 7 y 9 años "por violencia de género".
En la tarde de este pasado jueves se localizó el cadáver del hombre, J.I.B.A., de 55 años, que estaba separado de su mujer y que había vuelto a Asturias desde hacía unos meses, tras vivir en Bilbao. Tenía dos hijas, con régimen de visitas, y debía entregar a las niñas ese mismo día. Se arrojó al vacío desde el viaducto de la Concha de Artedo.
Tras comprobar su filiación y su lugar de residencia habitual, los agentes se personaron en el domicilio de la localidad de San Juan de la Arena. Fue en el interior de la vivienda donde localizaron los cuerpos sin vida de sus dos hijas, de 7 y 9 años.
"Se trata del primer caso con menores en Asturias y el segundo en España en lo que va de 2014, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que investiga actualmente otros dos casos", indican desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
Las tres administraciones quieren manifestar sus condolencias a la familia de las dos niñas por este trágico suceso, así como su solidaridad y todo su apoyo. Asimismo, ofrecen los servicios de asistencia psicológica y asesoramiento jurídico previstos para este tipo de situaciones.
También ponen de manifiesto, en nombre de toda la sociedad asturiana, "el rechazo unánime a la violencia de género, sean cuales sean las circunstancias en que los hechos violentos se produzcan".
En esta línea, también la Junta General del Principado se ha sumado al rechazo social iniciando su sesión plenaria de este viernes con un minuto de silencio, para mostrar su firme condena al parricidio.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce los efectos de la violencia sobre los niños y las niñas, víctimas directas o indirectas de esta violencia, estableciendo expresamente su derecho a la asistencia social integral.
Al respecto, las administraciones reiteran "el compromiso de las instituciones públicas para unir esfuerzos que hagan verdaderamente efectivas las medidas de protección y seguridad que en ella se recogen".
