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Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/07/2010 14:09
Aborto

CECE considera que la Ley de Salud Sexual atenta contra los derechos de los padres y de los centros educativos

   MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha mostrado la inquietud que ha suscitado la entrada en vigor, este lunes, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el sector de la enseñanza puesto que, a su juicio, se atenta contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo.

   Así, la patronal ha destacado que son las familias las que han de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, apelando a su libertad ideológica y religiosa, "entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quién determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo".

   Del mismo modo, han opinado que la "imposición" en los centros de la figura de "agentes sanitarios", deja "sin opción" a la dirección del colegio y a las organizaciones afines para que intervengan dando una visión desde su ideario o carácter propio. Al respecto, han apuntado que los centros deben educar siempre en una cultura de la vida, donde la tragedia de un embarazo no deseado no se solucione con otra tragedia, la del aborto.

   Ante esta situación, la CECE pide que esta norma no entre en vigor hasta que se pueda asegurar que su desarrollo sea absolutamente respetuoso con la labor educativa de las familias, el carácter propio y autonomía de los centros y profesionalidad de los docentes.


 

Ecuador detecta "remesas inversas"

Los ecuatorianos recurren a propiedades y ahorros para subsistir en España


El Ministro de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) del Gobierno de Ecuador, Francisco Hagó, afirma que con la crisis, se está produciendo un fenómeno de "remesas inversas" por el que sus emigrantes retiran ahorros y venden sus propiedades para "afrontar gastos corrientes" como el alquiler, la hipoteca o incluso la alimentación, y poder así seguir viviendo en España.Ampliar

 

 

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