SYDNEY, 14 Oct. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo australiano ha dado su permiso este martes para que Naciones Unidas pueda involucrarse y testificar en una investigación sobre el sistema de asilo del país y la forma en la que interceptan barcos fuera de sus aguas territoriales.
La intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el caso de un grupo de solicitantes de asilo, refleja el nivel de preocupación que se ha despertado entre la comunidad internacional por el tratamiento que reciben los solicitantes de asilo en aguas australianas, según han explicado los abogados.
El Tribunal Superior de Canberra (Australia) decidirá sobre la legalidad del tratamiento que han recibido los 157 solicitantes de asilo de la etnia tamil --procedentes de India y del norte de Sri Lanka-- que fueron retenidos en el mar durante casi un mes antes de ser trasladados a Australia. Finalmente, fueron enviados a un centro de detención en la isla del Pacífico Sur de Nauru sin llegar a estudiar sus peticiones de asilo como ordena el Derecho Internacional.
Es la primera vez que una actuación de la llamada "Operación Fronteras Soberanas" es cuestionada y presentada ante un tribunal. De hecho, el juez Kenneth Hayne ha calificado este hecho como "único".
"Las implicaciones de este caso podrían ser muy importantes dependiendo de lo valiente sea el Alto Tribunal y de lo lejos que esté dispuesto a llegar extendiendo el poder de la ley", ha dicho Joyce Chia del Centro de Kaldor para el Derecho Internacional de los Refugiados en la Universidad de Nueva Gales del Sur.
En respuesta, el Gobierno ya está trabajando para intentar bloquear la investigación. Un ejemplo de ello es el proyecto de ley presentado ante el Parlamento el pasado mes de septiembre con la intención de cambiar la Ley de poderes marítimos y así, poder reducir sus obligaciones de cumplimiento del Derecho Internacional.
Solo en 2013, Australia recibió cerca de 16.000 solicitudes de asilo, menos del 0,5 por ciento de los 3,6 millones presentadas en todo el mundo, según los datos presentados por la ONU.
SOLICITUDES DE ASILO
El barco en el que viajaban los 157 solicitantes de asilo fue interceptado por las autoridades australianas a finales del pasado mes de junio fuera de sus aguas territoriales. Aun así, Australia retuvo la embarcación en aguas internacionales durante 28 días, tiempo en el que se intentó negociar con India su repatriación.
El Gobierno no reconoció públicamente ni la existencia ni la retención de los inmigrantes hasta que se denunció la situación y se puso en manos de los tribunales para intentar frenar la repatriación del grupo a India o que fueran enviados a Sri Lanka. El ministro de Inmigración australiano, Scott Morrison, ha justificado lo ocurrido y las decisiones tomadas por el Ejecutivo al asegurar que las personas que viajaban en el barco eran "migrantes económicos" y, por tanto, no tiene derecho a asilo.
ACNUR, que ya expresó en julio su "profunda preocupación" por el caso, no será un agente directo en el juicio, pero sí se le ha autorizado para que presente observaciones por escrito sobre las obligaciones que Australia debería haber cumplido en virtud de las convenciones de la ONU.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, aprovechó su discurso inaugural para acusar a Australia de una "cadena de violaciones de los Derechos Humanos" en su trato a los solicitantes de asilo.
La última vez que ACNUR solicitó una intervención de este tipo en Australia fue en 2006, cuando se unió a las investigaciones sobre visados temporales de protección para refugiados.
Una vez terminada la investigación y el juicio, el Alto Tribunal no tiene la facultad de obligar a Australia a que vuelva a traer a los inmigrantes deportados al país, pero sí puede condenar al Gobierno a pagarles una indemnización.
Según ha explicado Chia, el caso podría causar precedentes para otros solicitantes. Si los jueces se pronuncian a favor de los inmigrantes en cuestiones de Derecho Internacional, el caso podría ser citado en otras partes del mundo para apoyar las reclamaciones de los solicitantes de asilo.
Además de ACNUR, también se ha dado permiso para que participe con sus informes a la Comisión Australiana de Derechos Humanos, que a principios de este año llevó a cabo una investigación sobre el bienestar de los niños en centros de detención de inmigrantes del país.
