Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/03/2010 13:51
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidió hoy que el control judicial de las actuaciones sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema regulado por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se realice desde la jurisdicción social, que es la vía que regula los actos administrativos de la Seguridad Social.
Según aseguró la organización, este control se ha atribuido a la jurisdicción contencioso-administrativa y considera que "no es el orden más adecuado" ya que "las prestaciones en materia de promoción de la autonomía personal y protección de las situaciones no son de carácter graciable, sino que forman un auténtico sistema de derechos" y "guarda una gran proximidad con el sistema de Seguridad Social, lo que justifica que el control judicial se realice con el mismo procedimiento".
Además, el CERMI subrayó que ir a la jurisdicción contencioso-administrativa supone "esperar de cuatro a cinco años a la resolución definitiva, mientras que en la jurisdicción social el periodo de tramitación para cuestiones no urgentes habitualmente no llega a un año, el procedimiento es breve y se regula en un solo acto, no siendo precisa la intervención del procurador".
"La jurisdicción social es competente para efectuar el control judicial sobre los actos administrativos de reconocimiento del grado de discapacidad, procedimiento que guarda también un evidente paralelismo y proximidad con el del reconocimiento del grado de dependencia", concluyó.